Se gasta mucho y mal

Responderé negativamente: España no debe gastar más en Defensa. Y lo haré basándome en criterios de análisis y evaluación de políticas públicas y en términos de eficacia y eficiencia de la política de Defensa en el horizonte de los compromisos y retos del país en la Unión Europea.

Empezaré por acotar la pregunta y contextualizar la respuesta. Me circunscribiré al gasto público, es decir, al decidido por el Legislativo y el Ejecutivo, y entenderé "Defensa" como la capacidad de preservar el territorio y los nacionales de ataques o amenazas externas y de coadyuvar a la seguridad internacional, en función de compromisos u obligaciones acordes con el derecho. Parto de un escenario conservador: dejo de lado la seguridad interna, no contemplo cambios en la pertenencia a organizaciones internacionales y descarto la asunción de doctrinas de seguridad ilegales, como el ataque preventivo u operaciones armadas fuera de los supuestos contemplados por Naciones Unidas. Así las cosas, el gasto de Defensa español puede calificarse, en sí mismo y comparativamente, de significativo y, en cuanto a su composición, orientación y proyección de futuro, desequilibrado, e ineficiente e ineficaz. En suma, se gasta mucho y mal.

El gasto de Defensa español puede calificarse de significativo, desequilibrado e ineficaz

Se gasta más de lo que se dice. Por un lado, no se siguen los criterios para el cálculo y comparación de la OTAN, que contabiliza en el apartado de gastos de personal las pensiones, y en el capítulo de equipamiento, todo el gasto en investigación y desarrollo, con independencia de su imputación presupuestaria. En el caso español, ello supone añadir a los gastos del Ministerio de Defensa las clases pasivas de origen militar y las partidas de I+D militar (un tercio del I+ D español) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de otras partidas de organismos autónomos y entes públicos. Los datos OTAN para el periodo 1980-2002 son contundentes: el gasto computado para el 2002 era de 8.200 millones de euros (¡1.500 millones más del que se atribuye a Defensa en los Presupuestos para el 2004¡), un 1,2% del PIB, una cifra una décima superior a la de Canadá y entre dos y cuatro décimas inferior a la de Bélgica, Dinamarca, Holanda o Alemania, que no superan el 1,6%. En segundo lugar, a esa cifra debería añadirse el coste de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz, que no se presupuestan aduciendo que son de naturaleza impredecible, por lo que dependen de decisiones del Ejecutivo. Conviene recordar que esos gastos pueden ser elevados: según datos del Ministerio, el coste total del apoyo y participación española en la intervención en Irak equivale ya al coste del equipamiento científico más ambicioso en curso de ejecución, el Sincrotrón. En suma, se gasta mucho.

Se gasta mal, habida cuenta de la composición desequilibrada del gasto. El gasto en personal ascendía el 2002, siempre con datos OTAN, al 65% del total, una cantidad muy superior a la de Canadá (43%), Holanda (46%) o Alemania (60%), aunque inferior a la de Bélgica (71%). Esa cifra, por otro lado, se incrementó en el 2002 y lo hará nuevamente en el 2003 y 2004, en virtud del objetivo de alcanzar el próximo año la cifra de 80.000 efectivos profesionales. Y seguirá haciéndolo, ya que se quiere llegar a medio plazo al máximo, 102.000 efectivos, establecido en el modelo de profesionalización. Por otro lado, el gasto en equipamiento, que incluye las partidas de I+D, es ya del 14%, superior al de Bélgica (8%), Alemania (12%) o Canadá (13%) e inferior al de Dinamarca (17,5%). El porcentaje se incrementará en los próximos años, de ejecutarse la adquisición de un buque de proyección estratégica, 4 submarinos, 24 helicópteros de ataque y 212 vehiculos de combate, que suman más de 4.100 millones de. Dicho de otra forma, el paso a unas fuerzas armadas profesionales, por mor de un modelo sobredimensionado, no está sirviendo para reducir el gasto en personal y lograr una estructura más equilibrada, con un gasto de personal cercano al 50% (EE UU dedicó a ello en el 2002 sólo el 35%).

El sentido común y las tendencias señaladas llevan a una conclusión y a un pronóstico: a tenor de los resultados, nuestros y de los otros, se gasta ineficientemente, se gastará más y se mantendrá el desequilibrio. Además, parece que se gasta más de lo preciso, habida cuenta de las nulas percepciones de amenaza militar extranjera de la opinión pública española y del diagnóstico estratégico del último Consejo Europeo ("Nunca antes Europa ha sido tan próspera, tan segura y tan libre"). En otras palabras, de acuerdo con la definición inicial de Defensa, España, comprometida con el plan de la Unión para reforzar las capacidades militares europeas mediante la racionalización, coordinación y economías de escala, con escasas amenazas propias y compartidas, podría hacer frente a sus compromisos sin incrementar el gasto de Defensa e incluso reduciéndolo, renunciando a inversiones fútiles en equipamiento a financiar con venta de suelo público: el presupuesto anual de Naciones Unidas para operaciones de paz es inferior a los cuatro proyectos comentados.

Hasta aquí, el análisis y evaluación en términos de mera política de Defensa. A ello habría que añadir los costes de oportunidad en función de otras políticas públicas y del horizonte previsto para el 2007 y 2010. Me limito a señalar tres problemas. Primero, el escenario de cuasi desaparición en el 2007 de los fondos estructurales y de cohesión comunitarios, no menos de un 1% de nuestro PIB. Segundo, el fuerte déficit de políticas y bienestar social, que, pese al crecimiento, nos alejan de los estándares de la mayoría de los países comunitarios. Tercero, los compromisos del espacio de educación superior y del espacio de investigación europeos, que suponen dedicar para el 2010 aproximadamente el 5% del PIB a I+D y educación superior.

Todo ello hace irracional y gratuito cualquier incremento del gasto en Defensa, si se usa la razón y la objetividad científica para asegurar el bien común. Parece, empero, que algunos decisores razonan con los a priori subjetivos de que se acusa a utópicos y pacifistas.

Rafael Grasa es profesor de Relaciones Internacionales de la UAB.