Siete años de guerra

De los múltiples desencuentros que han tenido desde 1996 el Gobierno de José María Aznar y el de Manuel Chaves, hay uno que es troncal y que ha condicionado las relaciones entre ambas administraciones: la guerra de la financiación autonómica, que ha cumplido ya siete años y cuyo final no se divisa en el horizonte.

Este litigio comenzó en 1996, el año que ganó el PP las elecciones generales. Los populares no contaban entonces con mayoría absoluta y pactaron con los nacionalistas catalanes de CiU un sistema para el quinquenio 1997-2001 que puso en armas a las comunidades socialistas (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura). El sistema tenía como base la cesión de un 30% del IRPF a la comunidades autónomas con capacidad normativa, lo que introducía el principio de corresponsabilidad fiscal.

"El Constitucional no se ha pronunciado sobre ningún recurso contra los presupuestos"

La principal damnificada por el acuerdo entre el PP y CiU fue Andalucía ya que el sistema de financiación -el principal capítulo de ingresos de las autonomías- se olvidaba de más de 365.000 andaluces al tomar como referencia el padrón de 1988 en vez del censo de 1996.

La Junta de Andalucía rechazó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas, el modelo por considerar que lesionaba claramente sus intereses ya que había miles de andaluces que no existían a efectos financieros para la prestación de servicios.

En aquel momento empezó una durísima pugna entre ambas administraciones que contó con capítulos que aún se encuentran en los tribunales: el 30 de enero de 1997 se celebró una Comisión Mixta de Transferencias, dirigida por el hoy candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, que acabó como el rosario de la aurora, con descalificaciones mutuas entre ambas partes.

El Gobierno andaluz viene exigiendo desde entonces la entrega de la cinta de esta reunión para que se compruebe que el que mintió acerca del resultado de la cita y el que inició las hostilidades fue Rajoy.

En aquella reunión, la Junta se comprometía a adherirse al sistema si el Gobierno garantizaba los 476.000 millones de pesetas (2.856 millones de euros) que el PP dijo que iba a perder Andalucía por quedarse fuera del acuerdo. Esta cifra la dio el PP andaluz para salir del atolladero en que se veía a diario por el nítido lema de los dirigentes del PSOE de que para el Gobierno no existían 400.000 andaluces.

Desde ese momento, el Gobierno andaluz comenzó a recurrir, año tras año, los Presupuestos Generales del Estado ante el Tribunal Constitucional por la merma de recursos de la comunidad.

Este conflicto tuvo otros efectos secundarios: el Gobierno enviaba cada año a Andalucía el 98% de los recursos que creía que le correspondían y el restante 2% (la liquidación) no lo ha pagado nunca, lo que también ha supuesto la presentación de recursos contenciosos-administrativos para exigir esta cantidad.

Hasta el momento, el Constitucional no se ha pronunciado sobre ninguno de los recursos planteados contra los presupuestos del Estado (el meollo de fondo del conflicto) y sobre los recursos para exigir la liquidación hay dos sentencias contradictorias. La Audiencia Nacional dio la razón a la Junta en su exigencia de recibir ese pago, referente al año 1997, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó otra sentencia, de los presupuestos de 1998, en la que sostiene que el Gobierno no tiene por qué pagar a Andalucía.

En 2001, las relaciones se suavizaron al sumarse Andalucía al sistema de financiación del periodo 2002-2006, que recogía viejas demandas de la Junta como la creación de una cesta de impuestos.

Ya en los últimos meses de 2002, Junta y Gobierno dieron los primeros pasos para intentar resolver la herencia del quinquenio 1997-2001. Cuando la negociación parecía ir por buen camino, todo saltó por los aires el 30 de diciembre del año pasado, desandando todo el camino recorrido.

La condición impuesta por el Gobierno de que la Junta retirase los recursos ante el Constitucional fue una de las causas que puso fin al acuerdo que se había alcanzado sobre la liquidación, una deuda que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que existía y que había que pagar.

Los presupuestos del Estado de 2004 siguen sin dar respuesta a la liquidación y no se vislumbra armisticio para la guerra de los siete años.