El TSJA suspende cautelarmente otras seis licencias de obras en Marbella

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la suspensión cautelar de otras seis licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, el único que reconoce la Junta de Andalucía. Esto eleva a 24 el número de suspensiones acordadas por el alto tribunal andaluz desde marzo de este año en el municipio malagueño.

Según el delegado provincial de Urbanismo, José María Ruiz Povedano, estas nuevas licencias, aprobadas por el gobierno de Julián Muñoz, se refieren a viviendas y a un centro comercial. "Nosotros no queremos esta vía para entendernos con los Ayuntamientos andaluces", insistió ayer la directora general de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que explicó que en el primer semestre de este año el número de licencias ilegales autorizadas por el Consistorio marbellí que han sido impugnadas por el Gobierno andaluz ascienden a 130 y superan en gran medida al periodo anterior. Una cifra que sitúa alrededor de los 300 los permisos impugnados en los tres últimos años en el término municipal de Marbella.

Josefina Cruz, que inauguró ayer la I Conferencia Internacional de Turismo Residencial Citures 2003, reclamó sobre todo al nuevo equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe que remita las actas de las licencias concedidas por el consejo de Urbanismo del municipio desde agosto pasado, fecha en la que se presentó la moción de censura contra el anterior alcalde, Julián Muñoz, a fin de que puedan ser revisadas. Lo cierto es que la Junta desconfía de las promesas del nuevo gobierno municipal de que acatará sus exigencias en lo que al urbanismo y a los convenios se refieren.

Cruz se remitió al recurso interpuesto ante la Consejería de Obras Públicas por el equipo de gobierno tránsfuga contra la anulación del PGOU de 1998, elaborado por Jesús Gil y Gil, lo que, a su juicio, demuestra que "no existe ninguna voluntad" de cooperación con la Junta. "No hay un cambio de talante en el nuevo gobierno", dijo la directora general de Ordenación del Territorio, que exigió al equipo de Yagüe que revise el planeamiento de 1986 y lo adapte a la nueva Ley del Suelo andaluz.

En este sentido, consideró que la propuesta de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, de iniciar la revisión del plan de 1986 y paralelamente elaborar el texto refundido que la Junta reclamó a Jesús Gil carece de sentido. "Tiene que quedar meridianamente claro que no es que el PGOU de 1986 esté en vigor porque lo diga la Junta de Andalucía. Quién lo ha dicho claramente son los tribunales de Justicia", añadió.

"No se puede estar en una mesa sonriendo y por debajo de la mesa dando puntapiés. No es coherente", señaló también Ruiz Povedano, que aseguró que los planteamientos del equipo municipal de Marbella "dejan mucho que desear". La Junta está realizando el seguimiento de todas las licencias concedidas por el equipo de gobierno de Marbella desde principios de año para determinar cuáles se han otorgado al margen del planeamiento vigente y proceder a su impugnación y su posterior remisión al TSJA.

De momento se han revisado las licencias de enero a junio, y se han reclamado nuevamente la remisión de las actas al nuevo equipo de gobierno, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA, aunque de momento lo único que han recibido es la solicitud de la alcaldesa de mantener una reunión con los responsables de Urbanismo de la Junta.