Pacto en silencio

La renovación por otros cinco años del Pacto de Toledo, aprobada ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados, es un buen ejemplo del empeño de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento en salvaguardar el sistema público de pensiones, cuya viabilidad a largo plazo aparece frecuentemente cuestionada, bien sea por los malos augurios de los defensores de los planes privados de pensiones, bien por las profecías de los demógrafos, que sitúan el 2015 como el umbral a partir del cual será difícil pagar los compromisos (76.000 millones de euros al año) o por los temores de los economistas sobre la insuficiencia del nivel actual de empleo para sostenerlos.

El Pacto renovado pretende, ni más ni menos, que ofrecer soluciones a estos problemas o riesgos mediante recomendaciones de estrategias económicas, tales como el retraso de la jubilación efectiva para que se aproxime a la edad legal de los 65 años, estimular el crecimiento del empleo femenino -la ocupación española está diez puntos por debajo de la media en Europa- mediante fórmulas como considerar ya cotizado el periodo para el cuidado de hijos pequeños o ancianos, o aumentar paulatinamente el periodo de cotización computable para determinar el importe efectivo de la pensión.

Todas estas estrategias y algunas más tendrán que plasmarse en breve en medidas legislativas, aunque no es previsible que éstas vean la luz antes de las elecciones de marzo. Todas son razonables, porque incluso las más discutidas, como la prolongación del periodo mínimo de cotización, pueden tener aceptación social si no se aplican de forma drástica o disparatada. La amenaza principal que se cierne sobre el renovado Pacto de Toledo no es económica -no hay razones para suponer que se cumplirán las previsiones apocalípticas de quiebra del sistema, máxime cuando se conoce de antemano el riesgo-, sino política.

La condición de que las pensiones públicas no se utilicen como arma arrojadiza en el debate electoral, impuesta por el PP en 1995, ha sido persistentemente vulnerada por sus propios impulsores. José María Aznar y sus colaboradores no han tenido empacho alguno en saltarse el acuerdo a la torera y acusar a gobiernos anteriores de situar en quiebra a la Seguridad Social. La obsesión del PP por descalificar a la oposición no es el mejor clima para mantener la confianza de los partidos en el acuerdo ni el mejor acompañamiento para un pacto que requiere transmitir credibilidad a los ciudadanos.