El Parlamento argentino da luz verde al Gobierno para revisar las tarifas públicas

La Cámara de los Diputados de Argentina convirtió ayer en ley el proyecto que ya había sido aprobado por el Senado y que concede al Ejecutivo, hasta fines de 2004, el poder casi absoluto para revisar y discutir nuevas condiciones en los 61 contratos de servicios públicos a cargo de empresas privadas. La nueva normativa se ajusta en todos sus términos al acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y devuelve al Ejecutivo la facultad de decidir aumentos de tarifas sin someterse a las normas que regulan cada contrato.

El partido del presidente Néstor Kirchner, el peronista, logró reunir 87 votos contra 65 de las fuerzas de centroizquierda y algunos diputados de la derecha después de un debate en el que la oposición hizo duras críticas al proyecto. Para la diputada Elisa Carrió, que encabeza una alianza de centroizquierda, se trata de "un claro retroceso".

El ministro de Planificación, Julio de Vido, había advertido a los legisladores peronistas que no aceptaría "que se modifique ni una coma" del proyecto. Las decisiones del Ejecutivo no podrán ahora ser "limitadas o condicionadas" por los marcos regulatorios vigentes y los contratos de concesión de los respectivos servicios públicos. El diputado radical Leopoldo Moreau avisó de que "si no se tienen en cuenta los marcos regulatorios actuales, no hay reglas ni controles y las nuevas condiciones quedarán sujetas a los acuerdos del Ejecutivo con las empresas".

Una vez aprobadas las modificaciones a los contratos y aumentadas las tarifas, el Congreso sólo dispondrá de 60 días para aprobar o rechazar en su conjunto las correcciones. Pero en poco más de dos meses, desde el próximo 10 de diciembre, el peronismo contará ya con mayoría propia en ambas cámaras.

Los aumentos de entre el 7% y el 9% en los servicios de gas y electricidad, que el Ejecutivo intentó imponer por decreto en dos ocasiones, habían sido suspendidos en su aplicación por resoluciones de los jueces que admitieron los recursos presentados por los defensores del pueblo de Buenos Aires y de la Nación en representación de las organizaciones de consumidores. El rango superior de la Ley de Emergencia Económica, todavía vigente, impedía al Ejecutivo imponer incrementos de tarifas por decreto.

En una reunión con los senadores, el ministro De Vido aseguró que los aumentos en los servicios esenciales como agua, luz y gas no alcanzarán ahora a casi "un 30%" de la población que se beneficia hoy de las llamadas "tarifas sociales". Un portavoz de la distribuidora eléctrica Endesa dijo que "los aumentos seguramente serán mayores para aquellas industrias y empresas que en estos dos años se beneficiaron con una energía que es hoy una de las más baratas del mundo en términos comparativos".

Intereses del consumidor

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, coincide en que las tarifas deben aumentarse, "teniendo en cuenta que debe haber una utilidad para el inversor y que tienen que quedar, además, fondos suficientes para nuevas inversiones, pero también hay que contemplar los intereses del consumidor, esto es, mantener la calidad del servicio y atender a la capacidad de pago del usuario". Lavagna admite las críticas de quienes recuerdan que las empresas privatizadas ganaron demasiado en la década pasada. "Es cierto, ganaron mucha plata, pero ese dinero ya no está, se lo llevaron y sobre eso no se puede hacer nada; lo que hay que hacer ahora es actuar para mantener el flujo de inversiones", dijo el ministro.

Los auditores contratados por el Gobierno argentino para revisar los contratos sostienen que las empresas incumplieron varias de sus obligaciones y comprobaron, además, que en algunos casos ganaron más dinero que las compañías más importantes del país en los noventa, y entre dos y cuatro veces más que otros proveedores de los mismos servicios en países de la región.

Argentina fue denunciada ante el Banco Mundial. Las empresas reclaman en conjunto más de 17.000 millones de dólares y acusan al Estado por la violación de los contratos que supuestamente se produjo en enero de 2002, cuando se derogó la ley que imponía la paridad uno a uno del peso con el dólar desde 1991. Desde entonces cobran sus facturas en pesos y deben pagar en dólares las deudas por inversiones ya realizadas o comprometidas.