Todo el monte es orégano

El alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, ex Unión Valenciana y ahora PP, no se esperaba la que la ha caído encima. Ha sido condenado por un delito medioambiental por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, después de haber sido absuelto por la Audiencia Provincial de Valencia, a la que santa Lucía proteja. No irá al trullo, aunque debería por aquello de la ejemplaridad, pero le excluye de los cargos públicos por un tiempo prudencial, además de tener que pechar con unas multas que suman 76 millones de pesetas. Después de todo, poca cosa si nos atenemos a la magnitud de la infracción y los agios que gravitaban sobre estos trámites. No obstante hay que celebrar con alborozo esta resolución, habida cuenta de la feble sensibilidad ecológica que late en las instancias legislativas y judiciales. ¡Tiene huevos que haya de ser Madrid y no Valencia el que ponga orden en el marjal de Xeresa, tomado al asalto y colmatado mediante un escandaloso abuso!

No viene al caso, pues podría tener visos de ensañamiento, leerle la cartilla a la política medioambiental desarrollada hasta ahora por el PP. Nos inclinamos, incluso, a que su titular ha hecho lo que ha podido, salvando lo salvable y en contrapunto al criterio de su partido propenso a considerar a montes y marjales como espacio abierto a la especulación. Al fin y al cabo, en el meollo ideológico de este partido late el criterio de que todo aquel paraje que no esté especialmente protegido es carnaza para los vultúridos. Chichi tierno para los emprendedores que, por cierto, están llegando a bandadas sobre el litoral y tierras adentro del País Valenciano. Clima ideal, calidad de vida, cultura del mestizaje y desarme ecológico. Argumentos sobrados para colonizarnos sin parar mientes en cimas, laderas, acantilados o humedales. Todo vale.

Por fortuna, este fallo judicial que citamos puede significar que se le pone coto al desmán. Nos restaura en parte la confianza en la justicia, que al fin y al cabo es la confianza en la preeminencia del sentido común, pero ¿cómo soslayar la complicidad del partido político que lo ampara y ha visto o sabido el desmán que se cometía en ese marjal, reiteradamente denunciado? En el banquillo se ha sentado un alcalde prevaricador, pero los considerando de la sentencia han de imputarse al gobierno autonómico que lo bendecía cuando miraba hacia otro lado. Un alcalde necio no hace nidada. Una formación política que lo protege, siquiera sea por omisión, puede ser una plaga. No hay más que observar las agresiones en curso a los marjales de Sagunto, Pego, Massamagrell y L'Albufera, que ahora recordemos.

No nos hacemos ilusiones, pero la verdad es que este correctivo judicial nos conforta. Sienta un precedente jurisprudencial y obliga a proceder con más tiento. Por otra parte, parece que la nueva Ley de Ordenación del Territorio, de tan demorada elaboración, corrige la liberalidad a favor de la protección. Dos armas importantes para impedir o al menos moderar la insania especulativa que nos aflige. Al partido que gobierna le convendría asumir esta credencial ecologista para no ser reo definitivo de la devastación que ha venido propiciando. Yo apostaría que el Consell actual está por la labor y que puede darnos una feliz sorpresa. El Consell dirá.