¿Dónde está la izquierda?

En sendos artículos publicados en EL PAÍS, Vicenç Navarro y Josep Ramoneda mostraban su sorpresa por la falta de debate en la campaña electoral en torno a la evidente precariedad del Estado de bienestar en Cataluña. Recordemos un poco las cifras por lo que respecta al gasto y al sector público en el año 1999. El stock en infraestructuras de Cataluña es el 14% de su PIB y la media de la UE es el 18% del PIB. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) en la UE es del 0,28% del PIB; en Cataluña, del 0,08 %. En educación, en la UE, del 6,19% del PIB; en Cataluña, del 3,38%. En apoyo a las familias, en la UE, del 2,2% del PIB; en Cataluña, del 0,4%. En gasto sanitario, en la UE, del 6,12% del PIB; en Cataluña, del 4,72. En vivienda pública, en la UE, del 0,6% del PIB; en Cataluña, del 0,2%. El gasto social es en Cataluña del 17,5% del PIB; en España, del 19,9%, y en la UE, del 27,6%. La diferencia entre Cataluña y la Unión Europea en unidades de poder de compra (upc)se ha incrementado en la última década: en 1991 era de 1.243 upc, y en 1999, de 2.060 upc. De hecho, Cataluña tiene el menor gasto social de Europa después de Irlanda.

Hace falta un cambio de persona y de régimen para abordar los nuevos retos y superar las hipotecas heredadas

Los problemas derivados de este hecho son una cohesión social en riesgo debido a los misérrimos porcentajes del PIB destinados a gasto social y la falta de competitividad suficiente de la economía catalana debido al déficit de inversiones en infraestructuras productivas. La atrofia del sector público y del gasto social en Cataluña tiene un triple efecto. Primero: la especialización de segmentos de la iniciativa privada catalana en cubrir con servicios de peaje los déficit de los servicios públicos; la sobredosis de autopistas de peaje, sanidad concertada o privada, y escuela concertada de élite o privada configura un núcleo de burguesía que basa sus beneficios en la administración de la dependencia. Segundo: el desplazamiento de sectores de las clases medias y trabajadoras de banda salarial alta hacia el consumo de servicios privados o concertados ante la escasez de públicos, lo que puede producir una dualización social y étnica, con el alud inmigratorio. Tercero: el hecho de que las capas medias se obliguen a pagar servicios privados o casi y las capas bajas no reciban los servicios necesarios en un país con coste de la vida más elevado que el español medio hace que la sociedad popular catalana esté estresada: trabajar mucho (hombres y mujeres), tener menos hijos, pagar impuestos de país socialdemócrata y recibir servicios de país liberal.

El problema clave es que cada año los ciudadanos de Cataluña envían sin retorno entre el 8% y el 11% del PIB catalán a Madrid. El déficit fiscal, la diferencia entre los impuestos pagados y los gastos públicos, es insólito en Europa, donde territorios relativamente productivos como Cataluña llegan, en el peor de los casos, al 5% del PIB. Por otra parte, no hay ni un solo territorio del mismo nivel de riqueza que Cataluña, en torno a la media europea, que tenga déficit fiscal con su Estado. Y aún menos con Europa, con la que Cataluña también tiene déficit fiscal por valor del 0,21% del PIB (1997-1999). Para tener una referencia comparable, el área metropolitana de Madrid, es decir, Castilla-La Mancha, recibe de Europa un saldo positivo de fondos que llega a significar el 5,43% de su PIB. O sea, estamos financiando por vía europea también el coto privado del señor Bono en plena sintonía con el Madrid prepotente del señor Gallardón. La fuga de cerca de dos billones de antiguas pesetas en el año 2002, casi el presupuesto de la Generalitat, condena a la sociedad catalana a sufrir una atrofia del sector público que, como decíamos, pone en peligro la competitividad y la cohesión social. Para llegar a la media europea en gasto social necesitaríamos recuperar como mínimo el 62% del déficit fiscal.

Ni los gobiernos convergentes bien conectados con la élite catalana que vive del peaje, de los servicios privados que hemos de pagar los ciudadanos de capas medias y trabajadores calificados del bolsillo al no haber oferta pública suficiente, ni los socialistas, más preocupados de conservar la cohesión nacional española que de la defensa de las capas populares de Cataluña, han denunciado con contundencia el expolio fiscal. Véanse si no los saltos de alegría del consejero Homs en el último acuerdo de financiación, que no ha significado ninguna disminución del déficit fiscal, y la ausencia de cualquier mención a la cuestión de la financiación en el famoso papel de Santillana del Mar del PSOE.

Las dos primeras fuerzas políticas de Cataluña, hasta ahora, son las que desde el Gobierno de la Generalitat, en el caso convergente, o desde los principales ayuntamientos de Cataluña y del gobierno del Estado desde 1982 a 1995, en el caso socialista, tienen la responsabilidad de la política económica de estos últimos 25 años. Los aciertos son suyos. Pero esos graves problemas estructurales también. Es necesario, pues, no sólo un cambio de persona en la Generalitat, sino de régimen para abordar los nuevos retos, para superar las hipotecas heredadas de la Cataluña del peaje político y económico. Una izquierda que priorice la cohesión nacional española por encima de la cohesión social en Cataluña será incapaz de abanderar un proyecto social creíble para los no privilegiados.

Josep Huguet Biosca es diputado y portavoz de ERC en el Parlament.