Un juez clausura una fábrica de ladrillos por posible delito ambiental

Un juzgado de Sevilla ha acordado el cese inmediato de la actividad de una de las fábricas de ladrillos situada en la margen izquierda del Guadalquivir, en San Juan de Aznalfarache, después de que la Fiscalía de la Audiencia denunciara a su propietario por un presunto delito contra el medio ambiente.

Según informó ayer la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado, sus técnicos, auxiliados por la policía, intentaron en julio y agosto precintar los hornos de ocho ladrilleras de la zona por obviar una orden de la Junta que les obligaba a parar su actividad por incumplir la normativa ambiental y por los perjuicios para la salud pública que podrían derivarse.

Los propietarios instalaron barricadas e impidieron la entrada de los técnicos, por lo que la Delegación de Medio Ambiente puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El auto dictado ahora ordena a la Guardia Civil a que visite la ladrillera mañana y tarde durante dos semanas. Si ésta no cesa su actividad, la resolución judicial advierte de que se iniciarán "diligencias previas por desobediencia grave". Estas ladrilleras, según el comunicado de la Junta, carecen de licencia municipal de apertura y funcionan sin informe ambiental.