Un juez investiga la destrucción de archivos de la dictadura chilena
Como le ha ocurrido con frecuencia desde que procesó el ex dictador Augusto Pinochet, el juez Juan Guzmán está bajo el escrutinio de sus colegas. Un juez especial, nombrado por la Corte Suprema, Cornelio Villarroel, investiga una denuncia del propio Guzmán contra una ex funcionaria de su tribunal, Millaray Durán, por haber destruido parte del expediente del caso de la caravana de la muerte. Pero también debe indagar, por designación de la Corte de Apelaciones de Santiago, las denuncias de ésta contra el magistrado, debido a un supuesto mal uso de dietas y poco trabajo.
Abogados defensores de los derechos humanos y parientes de víctimas de la represión han restado verosimilitud a las denuncias de faltas administrativas. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, se solidarizó públicamente con Guzmán, cuyo destino dependerá ahora de las resoluciones de Villarroel, considerado un magistrado de derechas.
Según ha relatado Guzmán, una ex funcionaria de confianza de su tribunal, Millaray Durán, a la que dejó una hoja firmada en blanco por si debía requerir diligencias a la policía civil mientras él viajó al norte del país, intentó usar el documento para trasladar efectos personales en autos policiales.
