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Tribuna:

Romero de Tejada y Caja Madrid

Habrá de reconocerse que un pacto suscrito entre un partido político y un sindicato para marcar las líneas de actuación de un tercero, en este caso una notable entidad financiera, es, más que original, extravagante, pero el acuerdo firmado el 6 de septiembre de 1996 entre el PP y CC OO tiene, además, la característica de ser ilegal.

En efecto, la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid entonces vigente (también la actual) prohíbe este tipo de acuerdos y los hace nulos de pleno derecho. También los estatutos de la Caja (los de entonces y los actuales) reiteran esa prohibición. Así lo explicita el artículo 22.2 de la citada ley: "Los miembros de los Órganos de Gobierno actuarán con plena independencia respecto de las entidades y colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones. Sólo responderán de sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en todo caso, ante la Asamblea General". Los actuales estatutos de la Caja reproducen en su artículo 7.2 este principio legal, y lo mismo hacían los anteriores estatutos en su artículo 10.

Pues bien, el pacto firmado el 6 de septiembre de 1996 comienza literalmente así: "Reunidos D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, Secretario General del Partido Popular de Madrid, y D. Francisco Javier López Martín, Secretario de Política Institucional de la Unión Sindical de Madrid-Región de Comisiones Obreras, actuando ambos en nombre y representación, tanto de sus respectivas organizaciones regionales, como del conjunto de consejeros que por parte del Partido Popular y de CC OO forman parte de los órganos de gobierno de la Caja de Madrid, Acuerdan...".

Queda, pues, demostrado que el señor Romero de Tejada y Picatoste actuó simultáneamente en su condición de secretario general del PP en Madrid y, a la vez, como miembro del Consejo de la Caja, haciéndolo en asuntos que afectan directamente a la administración, gestión financiera y representación de la institución, declarando actuar, así está escrito, en representación del PP y de los miembros del Consejo nombrados a propuesta de ese partido político. Una delegación que es ilegal.

En efecto, los estatutos de la Caja sólo autorizan -siempre por escrito- la delegación del voto en el seno del Consejo y, desde luego, nunca para negociación alguna con terceros.

Un consejero no puede comprometerse u obligarse con nadie; tampoco con el partido político en el que milita ni con un sindicato, respecto de su actuación en el Consejo de Administración, pues atenta contra la independencia y autonomía de la Caja y subvierte los principios de buen gobierno. Todo ello hace responsable personalmente al señor Romero de Tejada del incumplimiento de sus deberes como administrador de la Caja.

No existe en el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos, y eso es, precisamente, lo que ha pasado en este caso y no sobre cuestiones menores, sino sobre inversiones, política de personal, remuneraciones... En fin, sobre el conjunto de las actuaciones de una de las entidades financieras más relevantes del país.

Estamos ante una perversión descomunal que el mínimo respeto a las instituciones y a las leyes hubiera debido impedir. Una operación que ninguneó y ningunea a todos los órganos de la Caja y a sus miembros no incluidos en la nómina de las organizaciones firmantes. ¿Por qué? Por una razón espuria, un objetivo que el PP ansiaba tanto como para embarcarse en una operación ilegal y glotona: hacerse con la presidencia de la Caja a cualquier precio, desbancando a toda prisa a quien había sido elegido para ese cargo por unanimidad tan sólo unos meses antes del acuerdo.

El Consejo de Administración de la Caja, como órgano colegiado, no ha conocido este pacto y por ello no ha podido debatir ni acordar acerca de su contenido, pero, eso sí, se ha visto sometido a una ilegalidad permanente capitaneada por el señor Romero de Tejada, quien, de haberse conocido su actividad "pactante", tendría que haber sido cesado como miembro del Consejo y de la Asamblea de la Caja por vulnerar las normas de obligado cumplimiento a las que han de atenerse todos quienes componen los órganos de esta institución financiera.

No es menos chocante, dentro de esta conspiración de silencio, el hecho de que los órganos de control de la propia Caja, los de la Comunidad de Madrid y los del Banco de España, no hayan intervenido para impedir o eliminar esta tropelía. Habrá de admitirse en su descargo la incredulidad que debió de apoderarse de sus mentes cuando conocieron, a través de algún medio de comunicación, la existencia del susodicho pacto, y más cuando aquél nunca se presentó ante los órganos a los que tanto afectaba. Pero esa incredulidad habrá ya desaparecido, pues los firmantes del mismo han reconocido públicamente haberlo suscrito, y es de esperar que, ahora sí, intervengan en defensa de la ley y de las buenas prácticas en una institución de tanta relevancia social y económica.

En todo caso, el señor Romero de Tejada, precisamente a causa de su comportamiento ilegal, es inelegible para ocupar puestos de representación en la Caja y si, por mor del empecinamiento del PP, es elegido, cualquier ciudadano con legitimidad jurídica para hacerlo (y existen miles) podrá recurrir con éxito ante los tribunales ese nombramiento.

Joaquín Leguina es diputado nacional del PSOE y ex presidente de la Comunidad de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de septiembre de 2003