Campaña obscena

El jurado, como cualquier otra institución, tiene que ser analizado críticamente y si se advierte que su funcionamiento tal como está diseñado en la ley es defectuoso, debe procederse a su reforma. Esto es algo tan obvio que casi causa sonrojo ponerlo por escrito. Ya el propio legislador en la Exposición de Motivos de la Ley del Jurado hacía referencia al carácter en cierta medida experimental con que se ponía en marcha la institución y a la necesidad de estar atentos a su funcionamiento para introducir las reformas que fueran necesarias. Esto no lo discute nadie.

Lo que no se puede aceptar es que se plantee la reforma del jurado como consecuencia del caso Wanninkhof/Vázquez, como ha hecho el Gobierno del PP, arropado por su imponente cohorte de medios de comunicación.

Es de una cobardía extraordinaria que se desplace la responsabilidad hacia el jurado

Y no se puede aceptar porque el jurado no ha fallado en este caso. En este caso han fallado, en primer lugar, los ministros de Interior desde 1998 a 2003. En segundo lugar, el o los números de la Guardia Civil encargados de la investigación. Y en tercer lugar, el juez instructor, el ministerio fiscal, los jueces de la Audiencia Provincial de Málaga y el magistrado presidente del tribunal del jurado. En todos estos órganos políticos, policiales y judiciales es en los que recae la responsabilidad por lo ocurrido y no en los miembros del jurado, cuya decisión difícilmente podía ser distinta de la que fue en las circunstancias en que se produjo.

Hoy sabemos que la policía inglesa informó al Ministerio de Interior de que Tony Alexander King se había asentado en la Costa del Sol, que ese no era su nombre y que era un delincuente potencialmente peligroso. ¿Qué han hecho con esa información Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes? ¿Se hubieran podido evitar las muertes de Rocío Wanninkhof y, sobre todo, la de Sonia Carabantes con una actitud razonablemente diligente de los diversos ministros de Interior?

Es posible que hubiera sido difícil evitar la muerte de Rocío Wanninkhof, pero no debería haber sido nada difícil evitar la de Sonia Carabantes. Si la información transmitida por Scotland Yard se hubiera puesto en conocimiento de los investigadores del caso Wanninkhof, ¿no se hubiera podido resolver de manera inmediata, evitándose de esa manera que se hubiera acusado infundadamente a Dolores Vázquez e impidiéndose, sobre todo, que se hubiera producido la muerte de Sonia Carabantes? Esto es lo que tiene que explicar el Gobierno del PP. ¿Qué hicieron Mayor Oreja, Rajoy y Acebes con la información? ¿Por qué no la hicieron circular adecuadamente por la cadena de mando?

De la misma manera que el juez de instrucción tendrá que explicar sobre qué indicios objetivamente incriminatorios con consistencia suficiente para convertirse en pruebas en un eventual juicio descansó su decisión de acordar la prisión provisional para Dolores Vázquez. Y lo mismo el ministerio fiscal que solicitó la adopción de dicha medida y los jueces de la Audiencia Provincial que la confirmaron.

También tendrá que explicar el magistrado presidente del tribunal del jurado cómo cumplió con las obligaciones que le impone la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en los artículos 52 y siguientes y en particular la de concretar en la sentencia "la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia" (art. 70.2). No es el jurado el que dicta la sentencia. El jurado emite un veredicto, pero quien dicta la sentencia es el magistrado presidente. Es él el que tiene que instruir a los miembros del jurado sobre el contenido y alcance de la presunción de inocencia y el que tiene que "concretar" en la sentencia la prueba de cargo que la destruye.

Todo esto es lo que ha fallado en este caso y no los miembros del jurado. Imagínese el lector que él hubiera sido miembro del jurado y que se encuentra con que los investigadores de la Guardia Civil le dicen que están convencidos de que Dolores Vázquez es la autora de los hechos. Que dicha convicción es compartida por el juez instructor, por el ministerio fiscal y por un tribunal colegiado de la Audiencia Provincial que, entre todos, han mantenido a Dolores Vázquez diecisiete meses en prisión. Y que en el acto del juicio el magistrado presidente no les advierte de que es necesario disponer de pruebas objetivamente incriminatorias que destruyan la presunción de inocencia para que el veredicto pueda ser de culpabilidad. ¿Quién en esas condiciones hubiera podido actuar de manera distinta a como lo hicieron los miembros del jurado?

Los únicos que no tienen casi responsabilidad alguna en este monumental error son los miembros del jurado. La responsabilidad está en los órganos profesionalizados, políticos, policiales y judiciales. Y es de una cobardía extraordinaria que se desplace la responsabilidad hacia los miembros del jurado, que son los únicos que además no se pueden defender.

Si los tres ministros de Interior, los investigadores de la Guardia Civil y los jueces y fiscales que han intervenido en este asunto tuvieran un mínimo de decencia, ya deberían haber alzado la voz exonerando de responsabilidad a los miembros del jurado y asumiendo la suya por el error cometido.

La campaña que se está orquestando contra el jurado es de una obscenidad sobresaliente. Con chivos expiatorios, además, no se resuelve nada. Todo lo contrario.