Un plan abocado al conflicto

Tras un año de incubación que ha puesto de manifiesto las debilidades de su planteamiento, el lehendakari no retrocedió ni un milímetro en los contenidos de su propuesta de reforma del Estatuto; la única novedad fue la insistencia en reclamar la participación de la oposición en el diálogo, con el argumento de que su propuesta es sólo "una parte de la solución". Ambas cosas son contradictorias: no se puede apelar al diálogo cuando no se toman en consideración las opiniones de los demás.

Los puntos débiles del plan del lehendakari siguen siendo los que eran: no existe el "escenario sin violencia" que permitiría discutirlo en igualdad de condiciones; no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para superar el primer peldaño de la reforma propuesta; incluso si lo consiguiera (gracias al voto de Batasuna), quedarían fuera del acuerdo las fuerzas representativas de la mitad no nacionalista de la población, y, por ello, el plan no alcanzaría un consenso comparable al que respaldó en su día al Estatuto de Gernika.

Todas esas debilidades son consecuencia de la unilateralidad del planteamiento. No se ofrece un marco compartible, como lo era el anteproyecto de Estatuto planteado en su día por el PNV, sino uno sólo para nacionalistas. A los que no lo son se les invita a adherirse o al menos a prestar su aval al resultado, aceptando sumarse al debate en los términos definidos por el lehendakari. Es posible que piense que al extremar su propuesta se pone en condiciones de ceder más en un eventual proceso negociador. Pero lo que propone no es sólo una cuestión de cantidad (de competencias), sino la ruptura del marco y el conflicto institucional.

La pretensión de recorrer ese camino desde la legalidad se quiebra en cuanto esa legalidad frena la pretensión soberanista. Es seguro que un plan de esa naturaleza no sería convalidado por el Parlamento español, como expresamente exige el mecanismo de reforma del Estatuto. Para ese momento el lehendakari propone convocar un referéndum (ilegal) sobre el texto salido del Parlamento vasco. Es decir, provocar un conflicto institucional, enfrentando dos legitimidades: aplicando ya por vía de hecho el principio soberanista que permite prescindir del pronunciamiento de las Cortes.

Para legalizar esa situación de hecho sería necesario que los 40 millones de españoles aceptaran una reforma constitucional que, por afectar al título preliminar (entre otros), implicaría lo siguiente: aprobación por mayoría de dos tercios; disolución de las Cortes y nuevas elecciones; confirmación de nuevo por mayoría cualificada por parte de Congreso y Senado; ratificación en referéndum. Y todo ello, no para establecer un marco definitivo, sino sólo, como repitió ayer Ibarretxe, para una generación. O sea, unos 15 años; porque se trata de un proceso que se mueve siempre en la misma dirección, y que sólo cesa con la independencia. Como dijo hace dos días el diputado Anasagasti, "si no se aprueba a la primera, ya se aprobará a la tercera".

De momento, es evidente la voluntad de estirar el proceso, acercándolo a las próximas elecciones. Contra lo previsto hace un año, el texto del proyecto de reforma no se presentará hasta finales de octubre, y no se votará antes del otoño de 2004. Para que, si no prospera, pueda el lehendakari convocar elecciones con su plan como programa. Aunque consiguiera esa mayoría que ahora no tiene (recuperando otra porción de votos de Batasuna), no por ello sería un proyecto de consenso, como lo fue el de Gernika. La idea de cambiar el marco (e incluso de ir a una consulta) sin consenso previo es una grave irresponsabilidad.

Así se lo dijeron ayer el socialista Patxi López y el popular Mayor Oreja. El primero puso el acento en la distancia entre las obsesiones soberanistas de los nacionalistas y las preocupaciones reales de los ciudadanos, y advirtió al lehendakari que debía perder toda esperanza en contar con los socialistas, ganen o pierdan en marzo, para legitimar su proyecto. El mensaje de Mayor consistió en contraponer los avances del Estado de derecho plasmados en la ilegalización de Batasuna con la parálisis política, incertidumbre económica y división social provocada por el Plan Ibarretxe. Pero el año transcurrido desde el anterior debate de esta naturaleza también ha revelado un punto débil de la oposición: su incapacidad para compaginar ese rechazo del ventajismo nacionalista con la búsqueda de un marco de unidad democrática contra ETA. Otegi vino a recordar dónde debería estar la frontera cuando, tras afirmar que el cambio del PNV respecto al Estatuto da la razón a los suyos, volvió a invocar, esta vez en el Parlamento, el "puño de hierro" con que dijo contar.