Amnistía ve graves trabas a los derechos humanos en la Ley de Extranjería

Amnistía Internacional (AI) constata que persisten "graves limitaciones" a los derechos humanos de los inmigrantes en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, a pesar de las enmiendas presentadas por el PSOE e incorporadas al texto tras un acuerdo entre los socialistas y el PP.

La sección española de AI presentó ayer el informe España: ¿Somos todos iguales ante la ley?, en el que se recogen sus principales preocupaciones y recomendaciones ante el proyecto de ley. Giulia Tamayo, responsable del departamento de campañas e investigación, aseguró que en este momento el texto que se está tramitando en el Congreso "tiene grandes objeciones para AI", ya que producirá "grandes restricciones a los derechos humanos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes".

Tamayo lamentó que la ley siga sin garantizar el derecho a la asistencia letrada gratuita de los extranjeros, "incluidos los polizones", que no recoja garantías de protección a las mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia doméstica y que no se contemple la posibilidad de otorgar visados a quienes necesiten salir de su país para pedir asilo.

Otro de los aspectos negativos de la ley, para Amnistía, es que incorpora la caducidad del empadronamiento de los extranjeros en España al cabo de dos años. "Con esto, lo único que se conseguirá es hacer invisibles a miles de personas", afirma Tamayo.

La ONG reconoce algunos avances en la ley, como la incorporación del permiso de residencia independiente para las inmigrantes víctima de violencia de género.Entre las recomendaciones que AI ha hecho llegar a los grupos parlamentarios está la ratificación de la convención internacional sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familias; el reconocimiento expreso del derecho de reunión, asociación y manifestación de todos los extranjeros, sean o no residentes, o que no se impongan sanciones a las compañías transportistas que traigan solicitantes de asilo. "Esta medida puede conducir a que las empresas actúen con criterios selectivos, y que gente amenazada en sus países sea rechazada por los transportistas".