Un juez mexicano impide detener a un implicado en el 'caso Pemexgate'

La figura del amparo impide que políticos, sindicalistas o ciudadanos sospechosos de corrupción rindan cuentas ante la justicia y sean, eventualmente, procesados. La detención de Carlos Romero, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), implicado en el desvío de 50 millones de dólares de la firma estatal a la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las generales de 2000, fue imposible porque un juez ordenó su captura el martes y otro lo protegió con un amparo. La Procuraduría General de la República (Fiscalía General) había emitido dos órdenes de detención contra Romero el 1 de septiembre, el mismo día en que el también diputado priísta dejó de serlo y perdió su inmunidad parlamentaria.

El Pemexgate dificulta la consecución de acuerdos en el Congreso al haberse politizado todas las actuaciones. El partido oficial, el conservador Acción Nacional (PAN) quiere judicializarlo, y el PRI, mayoría relativa en las dos cámaras, se opone, argumentando, entre otras razones, que la justicia no investiga con la misma diligencia la procedencia de los fondos del grupo "Amigos de Fox" en la campaña de 2000.

Las investigaciones sobre la canalización de dinero de Pemex hacia Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI en las elecciones que descabalgaron a este partido del poder, comenzaron en diciembre del año 2001 con una auditoría federal: más de cien millones de dólares de la estatal habrían sido desviados hacia el PRI. A partir de entonces, diversos jueces pidieron la detención de seis directivos de Pemex. Todos siguen libres, al igual que los implicados en el caso de los "Amigos de Fox", con argucias legales y políticas. Probablemente algunos son ahora más ricos.

El funcionamiento de la justicia en México es "vulnerable", según el último informe sobre su situación en América del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la OEA.