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Columna
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Al servicio del PP

El acuerdo bilateral adoptado por los gobiernos valenciano y balear de crear la fundación cultural "Consolat del Mar" con sede en ambas autonomías, excluyendo a Cataluña y al Rosellón francés de este proyecto, sólo se puede llevar a cabo desde la ignorancia de la historia, desde la utilización partidista de las instituciones o, lo que sería aún peor, de la suma de ambos errores al servicio del PP.

Los orígenes del Consolat del Mar, mal que les pese a quienes tienen una visión tradicionalista y excluyente de la historia, no se encuentran en Valencia sino en el Codi de les Consuetuds de Tortosa. Y la recopilación y elaboración del derecho consuetudinario marítimo fue llevada a cabo por uno o varios jurisconsultos particulares en Barcelona. Cierto es que el primer Tribunal del Consolat del Mar tuvo su sede en Valencia, pero su antecedente es la Carta Consulatus Barchinone, como también es verdad que sirvió de modelo para los posteriores consulados de Mallorca, Barcelona y Perpiñán, estos dos últimos olvidados en la fundación. Camps -como Zaplana en su día- y Matas no han tenido el menor problema en cortarse un traje histórico a su medida y en subordinar las instituciones que representan a los intereses electorales del PP. Y ahora toca, que diría Aznar, utilizar el proyecto de eurorregión que defiende Pasqual Maragall (del que, por cierto, Josep Piqué dijo recientemente que era una obviedad, aunque criticó las referencias históricas a la Corona de Aragón) para dividir a los socialistas, agitar en esta tierra el espantajo del imperialismo catalán y confundir al personal con falacias sobre la Constitución, el Estatuto y cuantas ocurrencias tengan quienes desde Madrid redactan los argumentarios del PP.

Se podría decir que nada ha cambiado, pero no es verdad. En mayo de 1993, las Cortes Valencianas aprobaron una resolución por la que instaban al Consell a normalizar sus relaciones con Cataluña, Aragón y Baleares sobre la base del artículo 42 del Estatuto de Autonomía que prevé la posibilidad de que la Generalitat establezca convenios con otras comunidades autónomas. La propuesta fue realizada por Joaquín Calomarde, diputado del PP y se aprobó por unanimidad. Sí que han cambiado las cosas en los últimos 10 años.

La reunión entre ambos presidentes concluyó con un anuncio por parte de Camps que roza el surrealismo político: la creación de la distinción de "Embajador del Reino de Valencia" -cabe suponer que honorífico- que se otorgará a aquellas personas que hayan defendido los intereses valencianos fuera de los límites territoriales de la autonomía. Por si quedaba alguna duda del carácter partidista de la jornada, el primer distinguido fue Jaume Matas por su defensa del PHN. Tal que un Vinatea del siglo XXI. Se hacen apuestas sobre el tiempo que tardará el presidente de la Generalitat en establecer el galardón de Archipámpano del País Valenciano que será concedido al ciudadano que recite de corrido y sin errores la lista de los reyes de Valencia desde Jaime I hasta Carlos II de Austria.

Ocupado en temas tan trascendentales al presidente no se le escuchó un reproche a la persona que en un acto oficial contestó en inglés a quien le hablaba en valenciano.

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