Cien sacerdotes de Madrid consideran un "escándalo" la situación del profesorado y la asignatura de religión

"¿Se atreverán a valorar positivamente los resultados de 40 años de enseñanza privilegiada y obligatoria de la religión?". Se lo preguntan a los obispos cien sacerdotes de la diócesis de Madrid, entristecidos por la nueva regulación de la asignatura religiosa aprobada por el Gobierno del PP con el beneplácito de los prelados católicos. "Frente a la alegría episcopal, no podemos sino manifestar nuestra tristeza ante el espectáculo de una Iglesia que no parece creer en Jesús crucificado, ajeno a todo privilegio, muerto por su crítica al poder. Una Iglesia que, por el contrario, se arrima al poder y en él confía decisivamente", afirman los presbíteros en un manifiesto firmado, entre otros, por Máximo Oguiza Juan, Rafael Rojo Sastre y Carlos Fernández Barberá. El centenar de curas que suscribe la declaración está integrado en el Foro Fernando Urbina. Madrid tiene 1.600 sacerdotes diocesanos.

La Conferencia Episcopal saludó como "un momento importante" la reforma que convierte la asignatura de religión en evaluable a todos los efectos, al igual que su alternativa, pero al Foro Fernando Urbina le parece un error. "Los obispos llegan pertrechados con el apoyo del aparato del Estado y la Iglesia aparece así semejante a cualquier otro grupo de poder, que busca privilegios en su propio beneficio", dicen. También tachan de "sencillamente un escándalo" la situación laboral de los profesores de catolicismo. "No cumple con la doctrina social de la Iglesia ni con la ley constitucional que protege al resto de los ciudadanos", afirman.

El obispo de Canarias, Ramón Echarren, emitió ayer un comunicado para rechazar que se haya opuesto a la obligatoriedad de la asignatura de religión católica en la enseñanza pública, como entendieron anteayer los medios de comunicación que recogieron sus declaraciones. Echarren aclara ahora haber defendido "la libertad religiosa" y el "respeto a todas las religiones, incluida la católica" por ser "un derecho fundamental de padres y alumnos". Comentando esas declaraciones, el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, dijo que también él está en contra de que "la religión católica sea impuesta a los estudiantes" y que esa es, además, la posición de la Conferencia Episcopal.