Arenas, el PP y el Estatuto

Siempre que he tenido dudas éticas las he resuelto acudiendo a la estética. Esta, entre otras, es la razón por la que llevo cerca de quince años sin haber hablado jamás de lo mucho que me han pedido que contara sobre Javier Arenas, viejo, o más bien, antiguo amigo. Tampoco lo haré ahora sino para reflexionar sobre una idea, la primera que recuerdo en este momento haberle oído, en la que rechazaba un debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz por la estólida razón de que no ha percibido en el pueblo andaluz una entusiasta aspiración de cambiarlo.

Esta línea de pensamiento, si se puede llamar así, responde a una estrategia inquietante de hacer política a remolque de las demandas ciudadanas que suelen ser de carácter muy básico y que coloca a los políticos en la cómoda posición de actuar siempre a favor de la corriente en vez de trazar el camino, acertado o no, por el que la sociedad pueda avanzar hacia nuevas cotas de bienestar y de progreso.

Sería suficiente para apoyar la reforma del Estatuto andaluz afirmar que cuando nos sentamos a redactar la última ponencia hacía cinco años de la muerte del dictador Franco, tres años de las primeras elecciones democráticas y dos escasos de la aprobación de la Constitución cuyo Título VIII era la apuesta más arriesgada del nuevo sistema montado sobre la idea de la transición de la dictadura a la democracia utilizando mimbres del sistema anterior.

Bastaría recordar también que hubimos de suspender temporalmente los trabajos de la Comisión Redactora como consecuencia de la grave crisis institucional provocada por la nunca explicada dimisión del presidente Adolfo Suárez sin olvidar que la Asamblea de Parlamentarios Andaluces aprobó en Córdoba el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía cinco días después de la intentona golpista del 23-F.

Es sabido que ni en la Comisión Redactora del Estatuto, ni en la Junta Preautonómica andaluza, ni en la Asamblea de Parlamentarios andaluces participó nadie de Alianza Popular, partido del que trae causa el actual PP y en cuyas fuentes ideológicas ha bebido. Por lo mismo, nunca tuvieron la oportunidad, como tuvo la UCD, de rectificar análogo error histórico de oposición a la vía del Artículo 151, a la que se debe el éxito de nuestro proceso autonómico.

Aunque sólo fuera por un criterio de oportunidad, el primer interesado en participar en un debate sobre la reforma del Estatuto debería ser el Partido Popular (PP), primero, por una razón de imagen que pondría término a un problema que puede ser uno de los causantes de sus resultados electorales anteriores: que los andaluces no no saben si el PP tiene alguna idea de Andalucía que no sea la crítica a sus actuales gobernantes. Pero en segundo lugar, la gran ventaja de participar en este proceso de reforma es que se asegurarían que en el nuevo texto que se alumbrara aparecerían sus aportaciones, que no existen en el texto actual, porque la complejidad del proceso de aprobación exige un consenso en el que ellos son imprescindibles.

Que el Estatuto de Autonomía de Andalucía no está escrito en piedra es evidente. A las cautelas y limitaciones impuestas por la singularidad de la época en que se aprobó se añaden los cambios profundos que se han producido, tanto en el sistema político español y europeo como en la realidad socioeconómica de Andalucía.

No se trata solo de introducir mejoras técnicas mal resueltas en el Estatuto y parcheadas por la legislación ordinaria autonómica: la disolución anticipada del Parlamento, la elección del Presidente, la administración periférica, etcétera. Se trata de utilizar al Estatuto de Autonomía de Andalucía como una palanca para afrontar un nuevo proceso político partiendo de un empuje nuevo y una visión moderna que proyecte hacia delante a la sociedad andaluza una vez alcanzados unos niveles básicos de bienestar y de nivelación con el resto de España inexistentes en el año 80.

Modificar el artículo 12 relativo a los objetivos de la Comunidad, entre los que hay algunos ya superados y ausencia de otros muy importantes, condicionará sin duda las políticas públicas futuras.

Un nuevo Estatuto tiene por fuerza que pronunciarse sobre la sociedad de la información y el conocimiento, tiene que consagrar principios sobre las políticas de género y sus patologías, como la violencia y la discriminación laboral, tiene que formular conceptos sobre Andalucía como tierra de acogida singularizando nuestra posición con relación a la inmigración; tiene que dotar de rango estatutario al Consejo Consultivo de Andalucía o crear el Consejo del Audiovisual andaluz, garante del correcto desarrollo de los medios de comunicación andaluces y, finalmente, (por no extenderme más) tiene que diseñar claramente el papel que le corresponde a Andalucía jugar en el seno de la Unión Europea y probablemente reivindicar claramente nuestra posición de liderazgo en la cuenca mediterránea y en la cooperación con Latinoamérica.

En definitiva, en una sociedad viva como la andaluza, políticamente estable y con una aceptación y satisfacción generalizada con su autonomía, poner encima de la mesa la voluntad de debatir la reforma de su norma fundamental es, en sí misma, liberadora de energías. Oponerse a este debate es dejar al descubierto demasiadas debilidades y dar una inquietante sensación de falta de reflejos y situarse en la orilla de los refractarios al cambio y al progreso.

Don Francisco Giner de los Ríos, en su lúcido ensayo sobre la crisis de los partidos liberales, decía que "Nos consolamos neciamente o bien diciendo que son cosas cuya solución es difícil, (¡oh sagacidad!) por lo que, sin duda, lo mejor es no estudiarlas y dejarlas todas como están o que las vaya resolviendo el tiempo". Querido y viejo amigo, hay que estar a la altura de las circunstancias.

Carlos Rosado Cobián fue miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía para Andalucía.