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Columna
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La pensión

Rosa Montero

El próximo octubre va a celebrarse en Madrid un juicio verdaderamente peculiar de una ciudadana contra el Estado. Que yo sepa, es la primera vez que se plantea un caso de este tipo, y esto es lo que me resulta más chocante, porque se trata de una reivindicación elemental que afecta a muchos miles de personas. La cosa empezó hará tres años, cuando un ama de casa a la que llamaremos X se divorció de su marido después de más de veinte años de matrimonio. Para su horror, descubrió que, divorciada, perdía los derechos adquiridos en la Seguridad Social, derechos de los que antes gozaba como parte de los bienes gananciales. Dicho de otro modo: en las dos décadas largas que lleva en funcionamiento la Ley del Divorcio, una infinidad de mujeres (y supongo que también algún amo de casa) han perdido su pensión de jubilación al divorciarse. Esto es, se han quedado en la calle.

¡Y ni siquiera han protestado por ello! Algunas mujeres quizá no dijeron nada porque no necesitaban el dinero, tras haber sangrado como sanguijuelas a sus ex maridos (sin duda las hay víboras). Pero las más, me parece, se callaron y se callan por esa mansedumbre ancestral de las mujeres, por apocamiento y por ignorancia. Para mayor absurdo, esta misma Ley de Divorcio estipula que las divorciadas pueden cobrar pensión de viudedad por el tiempo convivido, pero dicha asignación, naturalmente, sólo se puede percibir en el caso de que el cónyuge fallezca. Ya digo que son mansas las mujeres, porque esta única posibilidad de acceder a una pensión no parece haber incrementado de modo significativo las muertes por asesinato de las antiguas parejas. Y eso que muchas divorciadas deben de tener una economía muy precaria.

Patidifusa ante semejante panorama, X, que es de natural combativo, tuvo la suerte de tropezar con un abogado concienciado y concienzudo y los dos iniciaron una larga batalla: enviaron informes a los políticos y llevaron el asunto a los tribunales. En octubre de 2002, el Senado aprobó una moción de reforma de la Ley de la Seguridad Social para subsanar semejante injusticia (ahora la pelota la tienen los diputados). Y espero que el próximo mes una sentencia histórica empiece a desmantelar este disparate.

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