La Fiscalía de Gibraltar intenta aumentar los cargos contra cuatro miembros de Greenpeace
Comienza el juicio a los ecologistas que protestaban por la actividad de un petrolero
La Fiscalía de Gibraltar intentó aumentar los cargos de los que acusa a seis activistas del Greenpeace que el pasado 20 de enero, junto a otras 14 personas, intentaron abordar un petrolero que funciona como gasolinera en la bahía de Algeciras y que provoca constantes vertidos. En el juicio que comenzó ayer los ecologistas están acusados de obstrucción a la autoridad, conducción peligrosa de lanchas, importación ilegal de embarcaciones y abordaje del petrolero Vemamagna. Además dos periodistas que cubrían la información están acusados de obstrucción y lesiones a la autoridad e insultos.
En el inicio de la vista, que se celebra en la Corte de Gibraltar, el fiscal planteó la posibilidad de ampliar el número de cargos contra los ecologistas aludiendo a una cuestión técnica de las lanchas y por abordaje y permanencia en el Vemamagna". Esta petición que fue inicialmente rechazada por el tribunal, podría ser reconsiderada al final de la celebración de la vista. Asimismo, los cuatro activistas de Greenpeace de declararon inocentes de todos los cargos.
Tras las cuestiones de procedimiento iniciales, prestaron declaración cinco de los 28 testigos aportados por la Fiscalía en este proceso, que según las defensas podría alargarse varios días. Dos agentes de la Royal Gibraltar Police, que participaron en las detenciones de los ecologistas y los periodistas; y tres empleados de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, que confirmaron las tesis del fiscal.
"Para nosotros ha quedado clara durante la declaración de una de estos testigos, la connivencia entre las personas que trabajan en el puerto gibraltareño y las operaciones de carga y descarga de combustible que se realizan en la zona, ya que incluso uno de ellos ha confirmado durante su declaración, que avisó al petrolero Vemamagna, cuando se percató del acercamiento de las lanchas de Greenpeace, para que levantase la escalera de prácticos", explicó a la salida de la Corte gibraltareña el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, quien explicó que "cualquier parecido con la realidad de los hechos que contó el fiscal en la vista, es pura coincidencia".
El dirigente ecologista añadió: "Lo que se está haciendo en Gibraltar es una auténtica persecución contra esta organización, a la vez que se concede manga ancha a las operaciones de bunkering (trasvase de combustible entre buques) que se realizan en esta zona".
Por su parte, para los periodistas, José Marín, reportero de Telecinco y Virgilio Moreno, operador de cámara de Antena 3 TV, el ministerio fiscal mantiene sus acusaciones. El primero es acusado de obstrucción a la autoridad, insultos y agresión a un policía gibraltareño y el segundo, de los dos primeros cargos.
Marín manifestó tras la primera jornada del juicio que la Corte de Gibraltar les ha facilitado un traductor para seguir la celebración de la vista. "Eso nos permite al menos no sentirnos discriminados" . Marín volvió a insistir en que el día 20 de enero, tanto él como su compañero estaban cumpliendo con su trabajo y en ningún momento agredieron o insultaron a los policías gibraltareños, tal y como se les acusa.
Asimismo, indicaron que el fiscal hizo un relato de los hechos que sitúa la acción en el 5 de diciembre de 2002, cuando unos periodistas llegan a Gibraltar, entre ellos los dos que están procesados, a filmar un vertido".
Aunque de momento, no hay una petición de pena por parte de la Fiscalía, en tanto no acaben de prestar declaración todos los testigos, los abogados de la defensa señalaron que la condena que se pueda imponer será recurrida "incluso si hace falta, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Según los cargos que se imputan a los cuatro activistas de Greenpeace las penas impuestas por el juez Dudley, encargado del caso, pueden ir desde una sanción económica hasta la pena de prisión, ya que los presuntos daños causados a las lanchas de la policía gibraltareña, según el código penal de la colonia británica, son castigados con pena privativa de libertad.
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