El escaño, para el que lo trabaja

El lamentable espectáculo de los dos diputados desertores del grupo socialista de la Asamblea de Madrid y los numerosos incidentes en la elección de alcaldes, con el estrambote de la moción de censura de Marbella, ha originado una reflexión colectiva, tanto en el mundo político como en el jurídico, sobre la conveniencia de cambiar la tradicional forma de entender el mandato representativo. En general, se va abriendo camino la opinión de abandonar la vieja idea de la relación directa entre los ciudadanos y sus representantes para resaltar que el verdadero vínculo electoral se produce entre los ciudadanos y los partidos. Este mandato ideológico permitiría considerar que los partidos son los titulares de los escaños, de donde podrían expulsar a todos los tránsfugas que, seducidos por intereses inconfesables, pretendieran torcer la voluntad de los electores.

Aunque algunas de las propuestas que se han realizado en este sentido merecen el acertado calificativo de "inventos del TBO" que Félix Bayón les ha dado, supongamos que el Tribunal Constitucional, como ha adelantado su Presidente, cambiara la jurisprudencia que fijó en su Sentencia 5/1983, caso Ayuntamiento de Andújar, y las Cortes aprobaran una Ley autorizando a los partidos para que pudieran sustituir a sus concejales cuando estimaran oportuno, de la misma forma que los entrenadores pueden cambiar a sus jugadores en medio de un encuentro. ¿Qué se adelantaría con ella? Nada en Marbella, donde Gil ni siquiera tendría que haber organizado el rocambolesco pacto que ha logrado y hubiera conseguido lo mismo expulsando de su partido a Julián Muñoz. Sí que se hubieran resuelto las crisis de Algeciras y en Écija, municipios en los que la actitud de dos concejales rebeldes condicionaron la elección del alcalde.

Pero a cambio de esta ventaja (en dos Ayuntamientos sobre un total de 769) los inconvenientes que cabe imaginar para el mandato ideológico son mucho mayores porque sería un factor clave en el problema más relevante de la composición de los Ayuntamientos, que no son los tránsfugas aislados, sino las actitudes colectivas, que van desde los pactos de última hora en contra del candidato más votado por los ciudadanos (con Jerez y Estepona a la cabeza), hasta el incumplimiento local de los pactos alcanzados por los dirigentes regionales (así el acuerdo andaluz entre el PSOE e IU), sin olvidar las luchas y forcejeos dentro de la propia lista vencedora (Jaén y Málaga como ejemplos más visibles). Estos comportamientos, que afectan a un alto número de Ayuntamientos andaluces, son los que transmiten a los ciudadanos la sensación de que la política municipal es un gran bazar en donde se negocia sin importar mucho no ya la coherencia ideológica y lo anunciado previamente en la campaña electoral, sino un mínimo de pudor que debería impedir a los políticos ir variando en cada localidad la calificación que atribuyen al mismo tipo de pactos según les favorezca o les perjudique.

En este punto es donde pienso que sería nefasto el mandato ideológico pues no es difícil imaginar que con esa potente arma en las manos de los aparatos de los partidos los alcaldes de Málaga y Jaén no hubieran logrado el equipo de gobierno que deseaban (por no pensar que a lo mejor a estas horas ni siquiera serían concejales). Igualmente acuerdos aceptados y ratificados por los militantes de IU de Camas, Arahal, La Algaba y los otros 13 municipios en los que IU ha incumplido el pacto andaluz con el PSOE hubieran sido sustituidos por lo decidido desde las esferas superiores de este partido. Otro tanto podríamos decir de los seis incumplimientos del PSOE. Lejos de reforzar la democracia, si se sustituyera el ámbito natural de decisión política de los Ayuntamientos, que no puede ser otro más que el de cada municipio -porque en ellos se celebran las elecciones locales- por el ámbito de la Ejecutiva de cada partido, ahora estaríamos criticando la vulneración de la voluntad de los militantes locales por las élites de los partidos, el reforzamiento de la ley de hierro de la oligarquía, la minusvaloración del voto ciudadano, etcétera.

Por tanto, si el problema principal de las elecciones locales es la falta de credibilidad de los políticos, la opacidad con la que realizan sus pactos de gobierno y la imaginación con la que interpretan la "voluntad" de los votantes, me parece que lo que habría que buscar sería una fórmula que pusiera coto a este comportamiento, que no es el mandato ideológico, que lo que hace es trasladar el poder último de decisión en los Ayuntamientos de unos políticos (los concejales) a otros (los miembros del aparato). Como casi todo está ya inventado en política, basta echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar técnicas (como la doble vuelta francesa o la unión de listas italiana) que consiguen ese propósito. Si no se quiere cambiar el sistema actual, sería suficiente con introducir una disposición en la ley electoral que limitara las posibilidades de voto de los concejales en la elección del alcalde a quienes hubieran anunciado antes de las elecciones. Esta fórmula (que sólo es un paso más allá de la restricción legal que limita los candidatos a alcalde a los cabezas de lista), evitaría tanto el tránsfuga individual como los acuerdos postelectorales sorprendentes y lograría que cada votante pudiera prever con un mínimo de probabilidades los efectos de su voto. Claro que alguien podría objetar que así se restringe el mandato representativo de los concejales. Y llevaría razón, pero tendría que admitir que lo hace mucho menos que el mandato ideológico y de una forma bastante más democrática: favoreciendo la transparencia de los pactos preelectorales.