Cinco muertos en un combate entre soldados y campesinos en Bolivia

Los cortes de caminos en el altiplano de Bolivia se extenderán a todo el país tras los violentos enfrentamientos protagonizados el sábado por campesinos y soldados, que se saldaron con cinco muertos y al menos una veintena de heridos. Así lo advirtieron ayer los principales dirigentes indígenas, que reiteraron su decisión de exigir la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, si persiste en el proyecto de exportar gas natural a través de puertos chilenos.

Los enfrentamientos se produjeron en la población de Warisata, a unos 148 kilómetros al noroeste de La Paz, cuando, según la versión oficial, los campesinos atacaron a los militares y policías que escoltaban una caravana de vehículos con turistas, de ellos 40 extranjeros, que se habían quedado retenidos en la localidad de Sorata por los bloqueos de caminos desde el pasado día 14. Un soldado y cuatro campesinos perdieron la vida.

El líder de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, declaró ayer que el enfrentamiento se produjo debido a una confusión. "Nosotros no tenemos un alfiler, ¿con qué vamos a matar a la gente? Siempre hemos tributado con muertos pero no hemos matado", dijo Quispe, quien rechazó que los campesinos tengan armas.

Sin embargo, el mismo Quispe dijo al periódico La Razón, de La Paz, que la operación militar y policial para rescatar a los turistas retenidos en Sorata y la detención de dos de sus dirigentes de esa localidad fue "una provocación" de los militares. "Hemos dicho: si quieren guerra, guerra daremos". Y añadió: "Si no hay más remedio, qué vamos a hacer, tendremos que ir a la lucha armada".

El pasado viernes, la sede del Gobierno fue escenario de manifestaciones de campesinos, gremialistas y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), con una gama de peticiones y demandas que convergen en la meta de sustituir el modelo económico y mejorar la calidad de vida de los bolivianos, entre los más pobres del planeta. De las protestas afloró una inesperada bandera de lucha que ha sido asumida por los trabajadores y campesinos con vehemencia y pasión: el gas natural descubierto en Bolivia en la última década y cuyas reservas están entre las mayores del continente. Y corrió también un preocupante lema entre los marchistas: "guerra civil".

El gas ha centrado en los dos últimos años la polémica en ámbitos políticos y económicos bolivianos, y ahora cobra fuerza en el ámbito ciudadano. El punto de mayor controversia es qué puerto, si chileno o peruano, se va a utilizar para la exportación del gas, ya que Bolivia carece de acceso al mar desde la guerra de 1879, en la que perdió su territorio costero frente a Chile y que ha quedado como una herida abierta en el país del altiplano.

Las posiciones de muchos sectores tradicionalmente antichilenos han cobrado tal fuerza que los principales opositores al Gobierno han condicionado ya la continuidad de Sánchez de Lozada en la Presidencia a su decisión de vender gas a través de Chile. "Si es así, tiene que irse a su casa", dijo el diputado y líder de los cocaleros Evo Morales, jefe también del mayor partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), que no concibe beneficiar a Chile ni utilizando sus puertos, ni dándole gas, ni instalando plantas de procesamiento para transportar el hidrocarburo por vía marítima.

El Gobierno boliviano considera crucial para su deteriorada economía la exportación de gas -que se vende ya a Brasil- a EE UU y a otras naciones de la región, entre ellas México, Chile y Paraguay, como un primer paso para conseguir los recursos suficientes que den un impulso a la economía y mejoren el nivel de vida de los bolivianos. A pesar de la existencia de un potencial mercado en el Estado norteamericano de California, las multinacionales interesadas en llevar gas boliviano no han suscrito aún acuerdos de venta, por lo que tampoco el Gobierno ha adoptado decisiones hasta ahora.