Andalucía concentra el 60% de las denuncias urbanísticas del país

La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2002 contiene un dato demoledor sobre la comunidad: el 60% de todas las diligencias previas por delitos urbanísticos que se abren en España tienen lugar en Andalucía. Para intentar atajar este fenómeno, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, anunció que las ocho provincias contarían en breve con fiscales especializados. Esos fiscales ya están designados (uno o dos por provincia). García Calderón justifica la necesidad de estos fiscales en la complejidad y en la falta de "sentencias condenatorias" de estas denuncias.

Los delitos contra la ordenación del territorio, nombre con el que el Código Penal se refiere a las infracciones urbanísticas, requieren de una mayor uniformidad de criterios en su tratamiento judicial. Por eso, los fiscales especializados de cada provincia se encargarán de poner un poco de coordinación en la materia. A modo de coordinador de todos ellos estará Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de Sevilla, quien ha sido el encargado de coordinar la designación, preparación y modos de trabajo futuros de estos fiscales especializados. El 17 de octubre los fiscales elegidos mantendrán la primera reunión para iniciar su trabajo.

En cualquier caso, asegura, Rodríguez León, "no se trata aún de una fiscalía especial en esta materia porque no está contemplada legalmente, como sí existe, por ejemplo, el fiscal especial Anticorrupción, con su correspondiente infraestructura". Una vez que estos fiscales especializados lleven un tiempo trabajando, dice Rodríguez León, "el fiscal jefe decidirá si solicita la creación de una fiscalía especial sobre estos delitos".

El nuevo grupo de fiscales se dedicará no sólo a las infracciones urbanísticas, sino que serán especialistas en protección del medio ambiente en sentido más amplio: delitos contra la flora y la fauna, contra la ordenación del territorio y contra la expoliación del patrimonio histórico.

García Calderón explica que una de las necesidades para luchar contra estos delitos es la "necesidad de tener una relación mucho más estrecha con las autoridades administrativas más relacionadas con esta materia", esto es, con los ayuntamientos, "pero sobre todo con los órganos inspectores de la Junta de Andalucía". De ahí la trascendencia que García Calderón y Rodríguez León otorgan al papel formativo de las reuniones de trabajo conjuntas entre los fiscales especialistas y las Consejería de Cultura, Obras Públicas y Medio Ambiente. "La lucha contra estos delitos acarrea la necesidad de conocimientos de los que no dispone un fiscal y los expertos de cada consejería nos los pueden ofrecer fácilmente", dice García Calderón.

Falta administrativa

En cuanto al hecho de que la memoria anual de 2002 del fiscal general del estado asegure que seis de cada diez diligencias previas que por delitos urbanísticos se abren en España se desarrollen en Andalucía, García Calderón prefiere no pronunciarse a la espera de tener en su mano un ejemplar de esa memoria. En cualquier caso reconoce que, por el momento, y sea el número que sea, hay muchas diligencias que acaban en nada o, a lo sumo, en falta administrativa.

Los delitos más frecuentes en el campo urbanístico, señala el fiscal jefe de Andalucía, son las "construcciones ilegales que originan una situación no susceptible de ser legalizada".

García Calderón opina que las recalificaciones que llevan a cabo los Ayuntamientos "también pueden ser sometidas a control y para ellas también existen los límites". Reconoce que ha habido algunas investigaciones en los últimos años por concesiones de licencia pero que, a la postre, "no hubo lugar a condena alguna".