"El PSOE no va a subir los impuestos"

El despacho que ocupa Miguel Sebastián en la calle Ferraz de Madrid, a 10 portales de la sede de la Ejecutiva del PSOE, en el que trabaja un grupo de expertos, tiene mesas, ordenadores y documentos, pero ni un solo adorno. A primeros de octubre deben entregar un programa económico de gobierno, del que saldrá, "más conciso y elaborado con lenguaje político", la base del programa electoral de las generales del próximo mes de marzo. Todavía "faltan muchos números por hacer".

Pregunta. ¿Si el PSOE gana las elecciones, habrá reforma fiscal?

Respuesta. El PSOE no va a subir los impuestos. Primero, porque la sociedad no lo quiere, y segundo, porque hay recursos suficientes -estamos en el 39% del PIB- para acometer todas las políticas que queremos desarrollar. Eso no quiere decir que no se tenga que cambiar nada, porque el sistema actual ni es justo ni eficiente y recae, sobre todo, en las clases medias. Tampoco queremos asignar a la fiscalidad el papel de redistribuidor de la renta porque nos saldría un churro. Es mejor utilizar el gasto público como redistribuidor de las rentas.

"O cambiamos todo el esquema impositivo o nos quedamos con lo que hay"

"Uno de los fallos de la política del PP es que invita a la gente a vivir del futuro"

"Vamos a acabar con la injerencia en las empresas y la práctica de favorecer a los amigos"

"Tememos que pueda estallar la burbuja inmobiliaria y tenemos que evitarlo"

P. ¿Entonces, la propuesta del IRPF de tipo único sigue adelante?

R. Está en estudio. Ni se ha abandonado ni se ha decidido. Pero una reforma que solamente se centre en el impuesto sobre la renta no valdría la pena. Hace falta una reforma global de los impuestos y tenemos que valorar si somos capaces de transmitir ese mensaje de forma clara y si es comprendido por la sociedad. La fiscalidad debe ser un mecanismo incentivador de la economía. Hoy, el problema de la economía española está en el ahorro.

P. La vía fiscal no parece el método para activarlo.

R. Uno de los fallos de la política económica del PP es que es cortoplacista e invita a la gente a vivir del futuro. Hoy, con los tipos de interés y la inflación, la tasa real de rentabilidad es negativa. Por eso no podemos perjudicarla aún más con la fiscalidad, porque sin ahorro no hay inversión ni verdadero crecimiento. Al revés, debemos incentivarlo.

P. ¿Piensan suprimir el impuesto de sucesiones?

R. Queremos cambiarlo, con un mínimo exento amplio, en la línea en que ha actuado la Junta de Andalucía, y mantenerlo para las grandes fortunas.

P. ¿Y hay margen para subir el impuesto de sociedades, por ejemplo?

R. No es algo que estemos contemplando.

P. Todo parece indicar que no va a haber la reforma fiscal anunciada...

R. Estamos ante una disyuntiva: o cambiamos todo el esquema impositivo o nos quedamos con lo que hay, es decir, "aceptamos pulpo como animal de compañía".

P. ¿No es renunciar a una oferta electoral clara?

R.Ambicionamos una revisión profunda, pero nos tiene que cuadrar. Si hace falta, con impuestos que graven los excesos de consumo o que ayuden a respetar el medio ambiente. Si no, es mejor no andar con cambalaches. En todo caso, también vamos a reconsiderar las desgravaciones y, finalmente, queda todo el frente del fraude, donde el PP no ha hecho nada. Los ricos siguen sin pagar impuestos y el dinero negro, medido a través del efectivo acumulado, ha vuelto a aumentar tras el canje del euro. Nosotros tenemos más margen de actuación, porque no tenemos lazos con las inmobiliarias.

P. ¿Contemplan bajar los impuestos?

R. Ahora no, porque hay carencias en seguridad ciudadana, justicia, educación, innovación, sanidad e infraestructuras. Pero cuando se pueda, los bajaremos, por supuesto.

P. ¿El PSOE acepta la estabilidad presupuestaria, el déficit cero?

R. Sí, claro, pero a lo largo del ciclo. Fijarlo como objetivo año a año, como lo concibe el Gobierno, es una aberración económica. Cuando hay recesión se genera automáticamente más déficit, porque hay menos recursos y más subsidios de desempleo. Creemos en la estabilidad plurianual, a lo largo de un ciclo, de forma que el superávit de los años buenos palíe el déficit de las crisis, sin dejar herencias gravosas a las generaciones futuras y permitiéndonos un margen de actuación anticíclica en la política fiscal, ahora que no tenemos la herramienta de la política monetaria. Sí que hay que reconocerle al PP que ha contribuido a esta cultura, aunque otra cosa es que ellos lo cumplan porque todos sabemos que tienen déficit oculto.

P. ¿Cuáles son las prioridades para el empleo?

R. Tenemos que promover los contratos fijos y poner límites legales a los topes mínimos y máximos de los temporales. Frente al paro, un contrato de trabajo temporal es un avance, pero la sociedad española no se puede permitir el nivel de precariedad que existe ahora ni tampoco la discriminación que existe con los jóvenes. No sólo es una injusticia, es un desplilfarro.

P. ¿El programa se va a pronunciar por la rebaja del coste del despido?

R. No.

P. ¿Y por el recorte en las cotizaciones a la Seguridad Social?

R. Tampoco.

P. La inmigración es necesaria.

R. Sí, y lo va a seguir siendo para el desarrollo de este país. Una medida como la propuesta socialista de visado de tres meses para buscar trabajo es positiva. Pero tenemos que ordenar los flujos de entrada y en esto no podemos ser una ONG mundial.

P. En las pensiones, usted siempre ha defendido el sistema mixto y ha sido crítico con el Pacto de Toledo...

R. No, he sido crítico con el incumplimiento del Pacto de Toledo. El pacto, si se cumple, me parece un punto de partida interesante, pero hay que ir un poco más allá. Hay que intentar acabar con la cultura de la prejubilación, que es un despilfarro en términos de economía y un disparate desde el punto de vista del sistema público de pensiones. No digo necesariamente la edad legal, pero la edad efectiva de jubilación hay que retrasarla. Tenemos que empezar a transmitir que una persona de 65 años no es un anciano. En este sentido, estamos elaborando un conjunto de propuestas a mi juicio interesantes.

P. Como el PP, ¿el PSOE cuenta con la moderación salarial para garantizar el crecimiento?

R. La moderación salarial es necesaria siempre que no haya crecimiento de la productividad. Cuando lo haya, y lo habrá con otro Gobierno y otra política, crecerán los salarios reales y crecerá todo.

P. ¿Es partidario de continuar la descentralización del gasto hacia las autonomías?

R. Siempre que vaya acompañado de la corresponsabilidad fiscal. Si quieren incrementar una determinada política, tienen que costeársela. Tenemos que acercar más la recaudación a los ciudadanos que se van a ver más beneficiados por ese mayor gasto de la Administración territorial, sea cual sea.

P. ¿Y cómo actuar en los déficit de sanidad, educación y funcionamiento de la justicia que reclama el PSOE?

R. La política de gasto público que estamos elaborando se aplicará a nivel estatal y también a los demás ámbitos territoriales, autonómico o local.

P. ¿Qué prioridades van a establecer en materia de gasto público?

R. No vamos a subir los impuestos, pero podemos incrementar el gasto público si logramos incrementar el empleo y la productividad. Pero, sin tener que aumentar el porcentaje de gasto público sobre el PIB, el objetivo es gastar mejor. Las prioridades son las que demandan los ciudadanos: justicia y seguridad. Aquí haremos un incremento fortísimo, igual que en infraestructuras e investigación. En una economía que crece en términos nominales a un 6%, estamos contemplando inversiones de dos dígitos. Y tenemos que actuar también en sanidad y educación.

P. ¿Introducirán reformas de gestión en la Administración pública?

R. Ya hemos identificado yacimientos de ahorro. Por ejemplo, el gasto farmacéutico donde se puede lograr una mejora importante por la vía de los genéricos y de las dosis de medicamentos. Nuestra política es atajar el despilfarro y nos someteremos al control de una Oficina Presupuestaria controlada por el Parlamento. La Administración pública está obligada a implantar y promover los incentivos de ahorro que tan buenos resultados dan en el sector privado. No tiene sentido esa política de agotar el presupuesto porque, si no, el resultado es un recorte de recursos para el ejercicio siguiente. Es necesario evaluar la eficiencia del gasto público y revisar la oportunidad de algunas infraestructuras que responden más al interés político que al objetivo de servicio para los ciudadanos.

P. Entonces pondrán coto a la sangría de Televisión Española.

R. El déficit de TVE no es soportable. O se racionaliza el gasto y se reduce una deuda que supera ya los 6.000 millones, más de un billón de las antiguas pesetas, o habrá que tomar medidas más drásticas.

P. Si la ambición es la productividad, el reto está en el salto tecnológico y aquí está todo por hacer.

R. Tenemos que actuar por vía directa: inversión pública en investigación. Pero a la vez tenemos que estimular la inversión del sector privado. Sin embargo, no queremos una política de café para todos, que se convierta en una subvención más, sino un plan vinculado a los resultados. Y podemos actuar con subvenciones y también con bonificaciones fiscales. Tenemos que definir si conviene asociar a las universidades a estos proyectos o establecer vías complementarias. Tampoco el tamaño de las empresas a ayudar debe ser el único criterio, ni se trata de llenar las aulas y los hogares de ordenadores, porque hace falta a la vez saber utilizarlos. Lo que no podemos es repetir el completo fracaso del Info XXI, que instrumentó el Gobierno del PP. En este país hay dinero e ideas, pero no actúan conjuntamente.

P. ¿Cuál es la receptividad de los empresarios?

R. Estupenda y nos están dando ideas. Se gana mucho escuchándoles, porque ven que ésta es su gran oportunidad. La solución no está en crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología dirigido por personas que no les interesa la ciencia ni la tecnología.

P. Defina las bases de su modelo de crecimiento.

R. Los dos ejes son más productividad y más ahorro.

P. Pero actualmente el comportamiento comparativo de la economía española no es malo.

R. Tampoco es para echar cohetes, porque crecer un 2% cuando el crecimiento medio desde 1980 ha sido un 3,1%... No nos podemos dormir pese a que el sentimiento mayoritario de la sociedad española sea de bienestar. El empleo ha crecido, pero en unas condiciones de precariedad preocupantes para el futuro. Y tampoco las burbujas, tanto la sufrida por la Bolsa como la inmobiliaria, nos van a ayudar.

P. ¿Cómo dinamizar una economía tan dependiente del consumo privado y de la construcción?

R. El problema es que los recursos financieros están siendo dirigidos o destinados al sector inmobiliario y hay que canalizarlos a otros sectores productivos. A la industria le van a ayudar las infraestructuras, la productividad y las tecnologías. Si además fomentamos el ahorro, el tejido industrial podrá afrontar el riesgo de deslocalización que representan los países del este de Europa. Tenemos que atraer las inversiones sin competir en costes laborales. Esa ventaja se acabó.

P. ¿Qué van a hacer para bajar el precio de la vivienda?

R. Ahora ya se puede decir, sin que nos amenace el Gobierno, porque ha hecho sonar la alarma hasta el propio Fondo Monetario Internacional, que estamos en una burbuja. Para los diez millones de hogares con vivienda propia o con hipoteca para financiarla, además de otros cuatro millones de segundas viviendas, el que sigan subiendo los precios es favorable. Lo malo de esa burbuja es que se pinche, que caigan bruscamente los precios, porque se generaría un desastre en la economía. Nos vemos obligados a facilitar el acceso de los jóvenes a las viviendas sin derribar esa política de precios altos que supondría una pérdida de riqueza. Para salir de ese atolladero en que nos ha metido el Gobierno del PP sólo nos queda potenciar la vivienda en alquiler y sacar parte de los 3,5 millones de pisos vacíos al mercado.

P. ¿Cómo?

R. Con incentivos fiscales para el inquilino y el propietario que alquile. También con medidas que potencien ese mercado y con redes públicas o privadas que le den seguridad. Tememos que pueda estallar esa burbuja y tenemos que evitarlo.

P. Uno de los males que denuncian es la sobreprotección de algunos sectores de nuestra economía...

R. Vamos a poner el acento en los organismos reguladores que deben actuar con independencia del poder político, no como hasta ahora. En síntesis, nuestro objetivo es aumentar la competencia. Tenemos que obligar a nuestras empresas a competir en el mercado interno y defenderlas fuera, exactamente al revés de lo que se hace ahora. En Argentina y otros países, el Gobierno las ha dejado a los pies de los caballos.

P. ¿Las urgencias desreguladoras se centran en la telefonía y en las compañías eléctricas?

R. No quiero avanzar muchos detalles, pero en telecomunicaciones, por ejemplo, además de liberalizar el llamado bucle local hay que apostar por el cable, que es básico para la innovación tecnológica. En cuanto a la tarifa eléctrica, quizá de entrada no se puede plantear la liberalización total, aunque es el objetivo. También pondremos límites a las cuotas de mercado y a la integración vertical de las eléctricas.

P. Parece confiar en el intervencionismo público.

R. En absoluto. Soy defensor de esa idea de los demócratas estadounidenses de Estado dinamizador frente a Estado del bienestar o asegurador. El poder público debe tener un papel de promotor o corrector.

P. ¿Y no le preocupan los estrechos vínculos del actual Gobierno con los presidentes de grandes empresas? ¿Se verán obligados a promover una política de nombramientos?

R. De lo que se trata justamente es de poner fin a esa injerencia del Gobierno en la economía. Vamos a acabar con esa práctica de favorecer los intereses de los amigos que no se corresponde con un país que se reclama candidato al G-8. En intevencionismo España ocupa algo así como el puesto 40, incluso por debajo de algunos países africanos.