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Editorial:

Expediente retardado

Con un más que sorprendente retraso de casi dos años, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha optado por abrir un expediente sancionador a la empresa Red Eléctrica de España por su actuación el 14 de diciembre de 2001, cuando se produjo el apagón que dejó sin suministro eléctrico a una gran parte de Cataluña en uno de los días más fríos del año. Por aquellos hechos, la Generalitat de Cataluña sancionó a Endesa, la compañía distribuidora, con seis millones de euros y exculpó a Red Eléctrica, responsable del transporte de alta tensión, aunque envió un informe por su actuación al Ministerio de Economía.

Después del apagón de Cataluña, sufrieron graves cortes de luz Madrid y Valencia. Este mismo verano han sufrido graves interrupciones de suministro Alicante, Vitoria, Barcelona y, sobre todo, Mallorca, poniendo en evidencia que la seguridad de la red eléctrica no ha mejorado. Los Gobiernos autónomos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura han abierto cientos de expedientes a las eléctricas para exigirles un saneamiento de sus redes.

El expediente de la CNE, a la que habría que exigir más celeridad en sus informes, pone de relieve que las deficiencias del sistema eléctrico no se limitan a las conocidas faltas de inversiones en redes y subestaciones, sino a la propia organización del sistema. Red Eléctrica tiene una doble función. Por una parte, es la transportista de alta tensión y, por otra, el guardia de tráfico que vigila y garantiza la circulación de la energía por todo el país. Como transportista, actúa como una empresa privada sometida a tarifa. Como garante del sector, su función es pública. La posible contradicción entre estas dos actividades -una privada, en la que persigue optimizar sus beneficios, y otra pública, por la que es responsable del buen funcionamiento del sistema- no debería resolverse en perjuicio de la última, como parece que ha detectado la CNE.

La situación es especialmente delicada por tratarse de una compañía cuyo capital pertenece todavía en un 28% al Estado, pero con la previsión de reducir la participación pública.

La decisión de la CNE no debe ser en ningún caso un capote a las compañías eléctricas, sobre las que pesan numerosos expedientes por sus manifiestos incumplimientos en materia de inversión. Las eléctricas se han quejado, a veces con razón, de que los ayuntamientos no les dejan hacer inversiones en redes por problemas medioambientales, pero eso no puede justificar las deficiencias que año tras año se detectan en el sistema. Es de esperar que los cerca de 6.000 millones de euros que tienen previsto invertir en los próximos años redunden en la mejora de las instalaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de septiembre de 2003