El regidor busca fórmulas para sacar adelante su 'policía de tráfico'

Una de las promesas estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en la pasada campaña electoral, la creación de un cuerpo de funcionarios no armados que sustituiría a la Policía Municipal en las labores de regulación del tráfico, parece cada vez más difícil de cumplir, al menos en un futuro próximo. El alcalde admitió ayer que ni el borrador de la futura Ley de Grandes Ciudades, elaborado por el Gobierno central, ni las enmiendas presentadas por el PP incluyen expresamente la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, necesaria para crear ese cuerpo de funcionarios no armados. Ruiz-Gallardón afirmó, sin embargo, que ese obstáculo es "un mero formalismo instrumental" y que, si es preciso, su equipo cumplirá con lo prometido "por otra vía".

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado obliga a las ciudades que cuentan con Policía Municipal a que sea ésta la que regule el tráfico urbano. El equipo municipal del PP confiaba en que la futura Ley de Grandes Ciudades incluyera una excepción a esa regla y permitiera a las grandes urbes decidir quién regula su tráfico, para dedicar a todos los agentes a la lucha contra la criminalidad. Pero, hasta el momento, el borrador de esa normativa lo único que dice es que los ayuntamientos "potenciarán las funciones de policía de proximidad y policía judicial" de sus policías municipales, no que puedan liberarlas de sus otras funciones.

Dos posibilidades

Si la normativa no incluye finalmente esa posibilidad, al Ayuntamiento sólo le quedan dos posibilidades:

- Proponer que el Congreso de los Diputados modifique, a través de otra ley orgánica, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ese aspecto. Eso exigiría el respaldo de una mayoría cualificada en el Parlamento, y no se conseguiría antes de un año (con unas elecciones generales por medio).

- Renunciar a crear ese cuerpo de funcionarios de tráfico y crear, en su lugar, una nueva escala en la Policía Municipal: agentes que no recibirían una formación tan exigente como sus compañeros, que irían uniformados, pero no armados, y que se dedicarían exclusivamente a regular el tráfico. La ventaja de esta fórmula, que es la que Ruiz-Gallardón apuntó ayer, es que podría ponerse en marcha mucho antes que la anterior. El inconveniente: el gobierno municipal tendría que lidiar con los sindicatos de la policía, en principio claramente reacios a esa especie de agentes b.

La Policía Municipal de Madrid cuenta con 6.300 agentes, y 1.500 de ellos están ocupados en poner orden en el tráfico de la ciudad. El PP pretende que toda la plantilla se centre en combatir la escalada criminal de los últimos meses.