Víctimas de Eurobank

También en esta ocasión los daños colaterales pueden ser los peores. La crisis de Eurobank que estalló a finales del pasado mes de julio sigue manteniendo en vilo a más de 10.000 afectados. Las explicaciones ofrecidas ayer en el Congreso por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, sobre las actuaciones del supervisor no convencieron a la oposición, y mucho menos a los damnificados. Si la crisis se limitara al banco, el problema se reduciría a la recuperación de sus ahorros por parte de unas 2.000 personas con depósitos superiores a 20.000 euros, que no cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. Los demás clientes -unos 16.000-, con imposiciones inferiores al límite garantizado oficialmente, ya han empezado a recibir su dinero.

Más incierta es la situación de los 2.500 mutualistas con un volumen de primas de seguros invertidos en fondos de inversión de 72 millones de euros. El Banco de España se ha desentendido, amparándose en que la competecencia sobre las mutuas corresponde a la Generalitat de Catalunya, que no decidió su intervención hasta el pasado 27 de agosto, después de que el juez aceptara la suspensión de pagos del banco. La cuestión está, sin embargo, en que estas entidades poseen el 20% de Eurobank. Carece de sentido, por tanto, un análisis del banco sin tener en cuenta las operaciones con las mutuas. Un tercer grupo de afectados, y sobre el que existe mayor incertidumbre, es el de los 5.000 trabajadores de empresas en crisis cuyas prejubilaciones o incapacidades laborales, por un volumen de 130 millones de euros, fueron concertadas con alguna de las mutuas del banco.

La crisis de Eurobank no se puede acotar a la de un pequeño banco que ha sufrido problema de liquidez, pero que las autoridades tenían bajo control. El verdadero problema es que a pesar de las inspecciones y las intervenciones, ni el Banco de España ni la Generalitat han sido capaces de descifrar hoy la compleja maraña de vinculaciones entre el banco, las tres mutuas y otras sociedades, luxemburguesas, ni de garantizar tampoco los derechos de los afectados. El gobernador del Banco de España ha dado como mínimo explicaciones sobre una parte del problema, pero es hora de que el Gobierno catalán haga lo propio. ¿O acaso piensa aprovechar la disolución del Parlament para sacarse el muerto de encima?