La Ley de Grandes Ciudades frena la nueva 'policía de tráfico' de Gallardón

La Ley de Grandes Ciudades ha llegado al Congreso. Todos los partidos han presentado enmiendas al texto inicial y la ponencia está lista. Según los plazos previstos, la normativa estará lista para su aprobación en noviembre. Con esta ley, Alberto Ruiz-Gallardón pretende introducir importantes cambios en su estructura de gobierno, y realizar reformas en la Policía Municipal. El objetivo es sustituir a la Policía Municipal en las tareas de control del tráfico y sustituirla por otros funcionarios de un nuevo cuerpo desarmado. Pero ni la ley ni las 28 enmiendas del PP contemplan esta posibilidad.

La Ley de Grandes Ciudades pretende modificar el funcionamiento de los ayuntamientos. Este nuevo texto legal ya está en el Congreso donde se ultima la ponencia que entrará en la comisión la próxima semana. La ley podría ser aprobada antes de que acabe noviembre.

En Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón aguarda su aprobación para introducir algunos importantes cambios y dar más agilidad a la Corporación que preside. Ya en una de las primeras reuniones que Ruiz-Gallardón mantuvo con el presidente del Gobierno central, José María Aznar, cuando le pidió que cambiara el Gobierno regional por el Ayuntamiento de Madrid, éste ya se interesó por el estado de la ley. Ruiz-Gallardón considera esta ley imprescindible para poder trasladar al Ayuntamiento el modelo de gestión que implantó hace ocho años en el Gobierno regional.

Ruiz-Gallardón pretende, utilizando la nueva ley, crear un cuerpo de agentes de tráfico compuesto por funcionarios formados en las academias y escuelas de la Administración. "Se trataría de un cuerpo uniformado, pero no armado", anunció el alcalde durante la campaña.

El entonces aspirante del PP a la alcaldía incluía este proyecto en su programa electoral y aseguraba que dedicaría a los 5.800 policías municipales actuales a tareas de prevención. "Esta medida no constituirá una privatización del control del tráfico", precisó. "Se tratará de agentes con capacidad para sancionar".

Pero los planes de Ruiz-Gallardón se han frustrado porque ni la Ley de Grandes Ciudades ni ninguna de las 28 enmiendas presentadas por el PP al texto inicial contemplan esta posibilidad. Ayer, Pedro Calvo Poch, concejal de Seguridad, se mantuvo firme en su decisión de realizar esta reforma: "En cualquier caso, lo haremos. Y si en la Ley de Grandes Ciudades no figura esta posibilidad, tendremos que estudiar otra fórmula" [para poder sustituir a los policías municipales de tráfico por los integrantes del nuevo cuerpo].

Para poder ejecutar su proyecto, el alcalde de Madrid necesitaba que esta posibilidad se reflejara en la nueva Ley de Grandes Ciudades y, posteriormente, esperar que el Congreso reformara la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el texto de la Ley de Grandes Ciudades sí se contempla, en cambio, uno de los deseos de Ruiz-Gallardón: que el alcalde no sea quien tenga que presidir los plenos municipales. Pero en una de las enmiendas del PP figura una matización: si se produjera un empate en una votación, el voto de calidad que rompería la igualdad sería el del alcalde, pero en ese caso deberá estar presidiendo el pleno.

La intención de Ruiz-Gallardón es que un concejal sea quien presida los plenos municipales e incluso pensó para tal cargo en Jesús Pedroche, ex presidente de la Asamblea de Madrid, para este cargo. Pedroche dimitió en junio,poco después de ser elegido edil, tras una sentencia que daba la razón a una ex empleada a la que despidió por estar embarazada.

Comisiones

Entre las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición a la Ley de Grandes Ciudades destacan que la mayoría de los partidos pretende que los cargos no electos no puedan figurar en la comisión de gobierno municipal. O lo que es lo mismo, que para formar parte del gobierno hay que ser necesariamente concejal.

PSOE e IU también coinciden en sus enmiendas en reclamar más competencias para los distritos. Entre las modificaciones solicitadas está que al frente de las juntas de distrito esté un representante del partido más votado en esa zona de la ciudad.

La oposición también reclama más presencia en las empresas mixtas y en las municipales. En el caso de Madrid, Ruiz-Gallardón ha excluido de las empresas mixtas a PSOE e IU, pero les ha dado entrada en las municipales.