Un nuevo cuerpo de 900 funcionarios desarmados

La plantilla de la Policía Municipal de Madrid está formada por unos 6.300 agentes; de ellos, aproximadamente 3.800 se dedican a tareas de seguridad, 1.500 regulan el tráfico y otro millar realiza investigación de accidentes o forma parte de escoltas y comitivas oficiales, según la Concejalía de Seguridad.

Con el plan que prometió el PP durante la pasada campaña electoral, los 1.500 agentes de tráfico pasarían a engrosar las filas de la policía de barrio o serían destinados a otras tareas asociadas a la lucha contra la delincuencia. Serían sustituidos -de forma progresiva en los próximos cuatro años- por un cuerpo de entre 800 y 900 funcionarios públicos, uniformados pero no armados, con rango de agentes de la autoridad. Eso es lo que anunció en su día el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero el plan de Ruiz-Gallardón depende de que el Congreso de los Diputados cambie la Ley Orgánica 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque esta importante norma legislativa obliga a las ciudades que disponen de Policía Municipal a que sea ésta la que se ocupe de regular el tráfico.

Ruiz-Gallardón confiaba en que la futura Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (más conocida como ley de Grandes Ciudades y que se aplicará a todas las urbes de más de 250.000 habitantes) incluyera un artículo que diera vía libre a los gobiernos locales para poder retirar a sus policías del control de la circulación y sustituirlos por otros funcionarios.