Los editores advierten del peligro de un exceso regulador en Bruselas

"Si los medios de comunicación no tienen dinero no pueden ser independientes", dijo ayer en Bruselas Francisco Pinto Balsemao, presidente del Consejo Europeo de Editores, que reúne a 29 grandes grupos de comunicación. En un seminario celebrado en la capital comunitaria, esta organización manifestó su temor a que el "afán regulador" de la Comisión Europea ponga en peligro la libertad de expresión al limitar e incluso prohibir ciertos anuncios, afectando por tanto a la publicidad, una de las más importante fuentes de ingresos de los medios.

El temor de los editores se funda en la importante batería de proyectos legislativos en curso que afectan de forma directa o indirecta al sector y que no sólo están ligados a la publicidad. Los editores señalan, por ejemplo, la creciente dificultad de sus periodistas en cubrir acontecimientos (de carácter deportivo en su mayoría) debido al reparto previo de los derechos de emisión. También temen que en nombre de la armonización del IVA se intente eliminar el IVA reducido que se permite ahora a la prensa escrita.

En el terreno publicitario, la revisión de la directiva de Televisión sin Fronteras, por ejemplo, podría desembocar en una prohibición de los anuncios dirigidos a los niños, si bien los ministros de Cultura ya se han decantado por la flexibilidad a este respecto y la autorregulación, y otros dos proyectos de Bruselas manejan la posibilidad de prohibir los anuncios sexistas, limitar la publicidad del alcohol e imponer normas muy estrictas a los mensajes utilizados para los productos alimenticios.

"Primero se prohíbe la publicidad del tabaco, luego la del alcohol. ¿Cuándo va a terminar la ofensiva?", preguntó uno de los editores asistentes. "La publicidad del alcohol no se va a prohibir", señaló la portavoz comunitaria de Sanidad Beate Gminder. "Sólo se pretende dictar ciertas normas, como no lanzar mensajes que unan el alcohol al éxito social, por ejemplo". Respecto al tabaco, esta misma semana se ha sabido que Alemania ha denunciado la directiva que debería entrar en vigor en 2005 ante el Tribunal Europeo de Justicia.