Buena memoria

La memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada ayer con motivo de la apertura del año judicial, ofrece como dato destacable una notable disminución del número de diligencias penales abiertas en 2002 respecto al año anterior. Le faltó tiempo a Aznar para utilizar el dato como argumento en favor de su política sobre seguridad ciudadana y en contra de la amenaza de ruptura del pacto sobre la justicia lanzada ayer mismo por los socialistas para denunciar su supuesta instrumentalización por parte del Gobierno. "Si quieren romper, que rompan", dijo Aznar en su habitual estilo dialogante.

La estadística servida por la Fiscalía representa una baza propagandística para el Gobierno. Aparentemente, la escalada delictiva que le cogió por sorpresa al inicio de la actual legislatura se ha parado como por ensalmo en 2002. Es significativo que las diligencias penales abiertas en 2002 sólo representen un 0,69% más que las incoadas en 2001, cuando estas últimas superaron en un 14,52% las del año precedente.

Lo más llamativo es que este frenazo se haya producido incluso antes de materializarse el plan de lucha contra la delincuencia presentado por el Gobierno en septiembre de 2002, tanto en lo que se refiere al aumento de las plantillas policiales como a las reformas legislativas, incluida la de los juicios rápidos puesta en práctica a mediados del presente año. Como si el mero anuncio de esas medidas hubiera tenido el efecto prodigioso de disuadir a los delincuentes: el no va más de la eficacia política. En todo caso, las cifras de Interior sobre el aumento de la delincuencia -un 4,95% más de denuncias que el año anterior- casan mal con ese 0,69% de incremento de diligencias penales por falta o delito abiertas en ese año. Quizás explicaría el misterio el hecho de que no todas las denuncias ante la policía dan lugar a la apertura de diligencias judiciales.

El frenazo global en el número de diligencias penales contrasta, en cambio, con un sustancial aumento en capítulos delictivos concretos, como homicidios y asesinatos y, en especial, los malos tratos domésticos. Crece la sensibilidad de la justicia ante la lacra de la violencia doméstica, aunque todavía se den casos como el del juez de Barcelona al que Consejo del Poder Judicial acaba de abrir un expediente por ignorar 13 denuncias de una mujer que resultó asesinada por su marido. Ello explica que los procedimientos por delito de maltrato hayan aumentado un 29% en 2002 y que las medidas penales de protección -detención y prisión provisional del agresor- se hayan incrementado espectacularmente, incluso antes de la entrada en vigor de la orden de protección integral en agosto pasado. Las 1.400 mujeres que se han acogido a ella en apenas un mes de vigencia muestran cuán necesaria y urgente era tal medida.