Madrid, Londres y la Comisión fijan sus límites a la Constitución

A sólo tres semanas de que se abra en Roma la Conferencia Intergubernamental (CIG) que revisará el proyecto de Constitución europea, Gobiernos e instituciones concretan las "líneas rojas" que no están dispuestos a franquear. El Gobierno español, según fuentes oficiales, no sólo rechaza el nuevo sistema de votación propuesto en el proyecto constitucional sino que no está dispuesto a negociar otra opción que no sea la de mantener el pactado en Niza.

La Comisión acepta la figura del presidente estable de la UE, pero no acepta que haya comisarios con derecho a voto y otros sin él. Todos los países e instituciones europeas coinciden en que asumen casi la totalidad el texto que elaboró la Convención presidida por Valéry Giscard d'Estaing, pero sólo los seis fundadores (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) dicen querer sólo mínimos ajustes para que los Gobiernos cierren ahora, a ser posible antes de fin de año, el texto definitivo que constituirá el Tratado constitucional de la Unión.

En el caso español, el principal obstáculo reside en ese nuevo sistema de votación en el Consejo incluido en el proyecto constitucional, según el cual las decisiones se adoptarán cuando sean apoyadas por una mayoría de países que representen al menos al 60% de la población. En Niza, en diciembre de 2000, José María Aznar logró que, en el reparto de votos en el Consejo, España tuviera 27, sólo dos menos que los cuatro países más grandes de la Unión (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido); pero, a cambio, España perdió el 22% de los escaños que hoy tiene en el Parlamento Europeo.

El proyecto de Constitución propone anular ese reparto de votos de Niza. Con la nueva propuesta, España tendría pocas opciones para bloquear con otros aliados decisiones pactadas por los grandes. Perdería, por tanto, la ventaja lograda por Aznar a la hora de votar en el Consejo y se quedaría con 14 escaños menos. La pasada semana, el Parlamento Europeo abrió una puerta a una posible solución para España al aprobar en comisión la petición de que los Gobiernos negocien un nuevo reparto de escaños en la Eurocámara.

España rechaza esa salida y asegura que no negociará otra opción que la de respetar Niza. "La Convención", argumenta, "no tenía el mandato para renegociar Niza, por lo que se extralimitó". Por tanto, tanto Aznar como la ministra de Exteriores, Ana Palacio, mantendrán que los líderes y los ministros mantengan este trimestre dentro de la CIG que "no hay otra opción" negociable que la de respetar el actual Tratado de Niza.

Los diez países que se incorporarán a la Unión el 1 de mayo de 2004 participarán en igualdad de condiciones en la CIG y España cuenta con el cerrado apoyo de Polonia (por su similar población tiene el mismo problema) y, aunque de rebote, también con la mayoría de los países pequeños del club porque éstos exigen que, como se acordó en Niza, cada país tenga un comisario. El proyecto propone 15 comisarios con derecho a voto y otros sin cartera ni voto.

"Línea roja

Ese punto también es una "línea roja" para la propia Comisión, cuyo presidente, Romano Prodi, explicará hoy su posición. El Ejecutivo comunitario exige un comisario por país, pero ahora apunta en un documento preparado al efecto una fórmula nueva y original: formar "al menos siete grupos de comisarios" por materias conexas. Cada grupo tendrá su presidente.

El Ejecutivo comunitario quiere además ampliar el número de materias sin posible recurso al veto de los países, como por ejemplo la legislación fiscal en el terreno de la lucha contra el fraude. Ése es, por el contrario, un punto inaceptable para Londres, que considera "áreas de vital interés nacional" la fiscalidad, la seguridad social, la defensa y la política exterior, según el documento difundido por el Gobierno británico. Londres, aliado táctico de España en la Convención, apuesta por mantener el sistema de voto en el Consejo pactado en Niza, pero dice estar dispuesto "a considerar" otras opciones.