Aznar aprovecha el deshielo internacional con Gaddafi para mejorar el comercio hispano-libio

El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja hoy a Trípoli, donde se entrevistará esta noche con el coronel Muammar el Gaddafi, cosa que ningún líder español había hecho hasta ahora. Su visita, la primera de un líder occidental tras las guerra de Irak, se inscribe en el deshielo internacional que disfruta la Yamahiria tras una década de aislamiento. Más allá del interés político evidente, pues el país de Gaddafi, pese a su imprevisibilidad, es actor principal en el Magreb, tiene un fin económico: equilibrar el déficit comercial de cerca de 2.000 millones de euros que España tiene al año con Libia.

España importa anualmente petróleo libio por valor de más de 1.800 millones de euros y exporta menos de 100 millones de euros a un país en el que Repsol-YPF es uno de los actores económicos importantes, con inversiones que suman más de 30 millones de dólares en los últimos seis años. Es una cifra de la que se habla, porque oficial no la hay. La ley D'Amato-Kennedy amenaza todavía hoy con sanciones a las empresas que inviertan en Libia más de 20 millones de dólares al año.

Pese a la importancia del empeño extractivo de la sociedad citada, las exportaciones españolas a Libia son propias de un país tercermundista: consisten básicamente en productos alimentarios y dan un fuerte estirón cuando Gaddafi decide hacer un regalo a los países más pobres de su entorno e importa algún millón adicional de latas de sardinas.

Siendo el libio un comercio de Estado, fuertemente centralizado, estos datos explican suficientemente el interés del Gobierno español por mantener las relaciones con Trípoli frente a viento y marea. El del PSOE denegó en 1986 el derecho de tránsito por bases españolas a los aviones norteamericanos que bombardearon Trípoli y Bengasi en represalia por unos atentados. El del PP ha multiplicado desde 1998 -en cuanto Gaddafi aceptó la propuesta estadounidense de que los acusados del atentado de Lockerbie fueran juzgados en Holanda- un programa de visitas a Trípoli, que incluyó la del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, en dicho año y culminó con las del ministro de Exteriores Josep Piqué en 2001.

El reciente acuerdo sobre las indemnizaciones a las 270 víctimas del citado atentado de 1988 contra el avión de la PanAm ha abierto la vía hacia una normalización total de las relaciones con Libia, y la posibilidad de que Aznar, paladín internacional de la lucha antiterrorista, visite al coronel más acusado del orbe de apoyar esas guerras sucias, incluida, en tiempos, la de ETA.

El presidente viajará acompañado por representantes de media docena de empresas, entre las que destacan Renfe, Repsol y Abengoa, que está a punto de firmar la construcción de una línea eléctrica. Otras operan en los sectores de construcción, pesca y agricultura. Las oportunidades son grandes. Las distintas sanciones que ha soportado desde 1986 le han costado unos 24.000 millones de dólares, según el centro de estudios de la OPEP (Centropep). Al ser un país que importa cerca del 75% de los alimentos que consume, llegó a conocer una penuria impropia de los más de 6.000 dólares de renta per capita que registra actualmente.

La situación empeoró a partir de 1997, cuando se hicieron sentir las consecuencias de la ley D'Amato, aprobada un año antes con un criterio de extraterritorialidad que restringe al máximo las inversiones de las empresas no norteamericanas.

El sector petrolero, objeto directo de la ley, fue el más afectado, y hoy los seis campos de extracción que el Gobierno libio explota directamente, sobre el total de doce que tienen, presenta numerosas deficiencias. A Libia le falta también infraestructuras de transporte, distribución de agua y regadío, entre otras cosas. Tiene 2.000 kilómetros de costa y quiere desarrollar una industria pesquera. Los dirigentes libios han animado en estos últimos años a las empresas españolas a trabajar en su país, incluso con un argumento del que en Madrid no parecen quedar trazas escritas: que Gaddafi prestó mil millones de dólares al primer Gobierno de la UCD cuando las dificultades económicas de la transición española arreciaban. Sea como fuere, estos contactos no han dado resultado apreciable hasta ahora.

Sobre el futuro, despejado por el levantamiento de la sanciones de la ONU, el pasado viernes, penden todavía los embargos decretados por EE UU en 1986 y 1996. Este último, fue prorrogado hace dos años hasta 2006.

Libia sigue, además, incluida en la lista de Estados que apoyan el terrorismo elaborada cada año por el Departamento de Estado norteamericano. La última publicada, correspondiente a 2002, se limita a señalar que el país de Gaddafi seguía sin cumplir "las exigencias de la ONU" relativas a Lockerbie, algo ya superado con el compromiso libio de indemnizar con 10 millones de dólares a los familiares de cada víctima y de elevar también, respondiendo a las exigencias de Francia, las indemnizaciones correspondientes a los damnificados por otro avión de UTA que cayó sobre Níger.

El informe del Departamento de Estado se hace eco de la firme condena del terrorismo pronunciada por el líder libio tras los atentados del 11 de septiembre y de su proclamada determinación de combatir a Al Qaeda.

En el terreno político, Aznar instará a su anfitrión a que se reafirme en esa orientación, que debería conducir a una pronto levantamiento de las sanciones de EE UU. También le animará a que se integre en el mundo euromediterráneo y, concretamente, en el llamado Proceso de Barcelona.

Durante la visita de Piqué, en octubre de 2001, Gaddafi se mostró poco sensible a estos argumentos y más inclinado a relacionarse con su propio continente a través de la Unidad Africana (UA). El líder libio tiene opiniones enfrentadas a las de Aznar en otros temas, notablemente en el del conflicto de Oriente Próximo, donde ha sido siempre más radical que el propio Arafat, y en el de la guerra de Irak.