Los promotores de un complejo alimentario que iba a crear 1.800 empleos renuncian a instalarse en Cádiz

La empresa Promotora Hispanoamericana, de capital vasco y argentino, no ha presentado los avales exigidos por distintos organismos públicos gaditanos para instalarse en una gran parcela portuaria del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real (Cádiz), donde había anunciado una gran inversión para construir un gran complejo agroalimentario. Transcurrido el plazo de seis meses que tenían los inversores para presentar los documentos requeridos, esta sociedad se queda sin los terrenos reservados y renuncia a impulsar un nuevo proyecto en Cádiz, que habría supuesto una inversión que ronda los 339 millones de euros y la contratación de 1.800 trabajadores.

La Zona Franca de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía gaditana y el Ayuntamiento de Puerto Real acordaron el pasado 26 de febrero reservar, en el Bajo de la Cabezuela -una zona portuaria con grandes parcelas en desuso-, 120.000 metros cuadrados de superficie que necesitaba la empresa agropecuaria para promover un gran complejo industrial de recepción, transformación y distribución de productos alimenticios.

Esta empresa pretendía importar principalmente desde Argentina grandes cantidades de cereales, carne y agua de los Andes para tratar estos productos y posteriormente comercializarlos desde La Cabezuela a Europa.

Sin embargo, la separación meses atrás de los socios vascos y argentinos que auspiciaban esta inversión ha impedido que salga adelante este proyecto que los sindicatos y la clase política presentaron como un "aliciente" para reactivar el mercado laboral y la economía de la Bahía gaditana.

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, llegó a tildar esta planta de transformación y exportación de alimentos como "uno de los proyectos, en términos económicos y sociales, más importantes que ha recibido la Bahía de Cádiz en los últimos lustros".

En caso de que Promotora Hispanoamérica hubiera cumplido los requisitos exigidos, esta sociedad habría recibido los terrenos en concesión administrativa mediante el pago de dos cánones: uno por la explotación del suelo y otro por el volumen de facturación anual.

Tras la anulación de este proyecto, la Zona Franca, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Puerto Real han informado que los terrenos de la zona portuaria de La Cabezuela quedan libres para cualquier otra operación industrial. De hecho, estos organismos mantienen diversas negociaciones con varios posibles inversores, aunque ninguno de sus máximos representantes quiso desvelar qué tipo de proyectos se barajan después de la decepción que ha supuesto la huida de la gran inversión anunciada a principios de año.