Una ley en 'stand-by'

Uno de los reproches que se vertieron con mayor frecuencia sobre la gestión de Rafael Blasco al frente de la Consejería de Bienestar Social fue la disminución que sufrieron las Prestaciones Económicas Regladas (PER), subvenciones dirigidas a personas o familias que carecen de medios de subsistencia suficientes que la consejería distribuye a los ayuntamientos.

Hasta Caritas recordó antes de verano, por boca de su directora de acción social, María Luisa Haro, la "debilitación de las redes de protección social" y, entre otros aspectos, destacó la reducción de las PER, que han supuesto "la reducción de las posibilidades económicas de las familias peor dotadas". Ante las críticas de organizaciones, sindicatos y la oposición el entonces consejero de Bienestar Social se comprometió a elaborar una ley de rentas mínimas destinada a desterrar un modelo de ayudas basado en las subvenciones. La idea que se encontraba detrás de este anuncio era que las aportaciones que se destinarían a las familias dejarían de estar condicionadas a las disposiciones presupuestarias y estarían garantizadas por una ley. Las elecciones impidieron que el texto legal viera la luz antes de verano, ya que, como apunta Antonio Femenía, responsable de servicios sociales de UGT, "había un texto consensuado muy avanzado que no salió adelante debido a la interrupción de las sesiones por las elecciones".

Pero el propio Femenía al igual que respresentantes sindicales de Comisiones Obreras apuntan que no han tenido más notícias de la ley. De hecho, tanto los miembros de estas dos organizaciones representados en el Consejo de Bienestar Social, como otros consultados por este diario mostraron su extrañeza ante la falta de alusión de la consejera, Alicia de Miguel, a la ley de rentas mínimas en la primera reunión de este organismo consultivo celebrado bajo la mpresidencia de la nueva titular del departamento. En este primer encuentro, De Miguel compareció para "adelantar los pilares fundamentales de la política de Bienestar Social en esta legislatura". Entre otros, apuntó a la importancia de abordar la integración de los inmigrantes "para que tengan los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos". Pero los dos aspectos más relevantes fueron el anuncio de dos nuevas leyes. Por un lado, la del Consejo de Mayores, que se presentará al pleno del Consell en el plazo de un mes, y que se justifica por que "el mayor, en la sociedad, es un pilar fundamental y por ello hay que ayudar a su inclusión en la misma, y la mejor manera para hacerlo es a través de un consejo de mayores con rango de ley". Por otro, comentó el deseo de su departamento de sacar adelante una normativa de transporte adaptado dirigido a las personas discapacitadas.

Sin embargo, no aludió a la ley de rentas mínimas que su predecesor tenía ultimada y comprometida para antes de final de este año. "Ni siquiera contestó a las preguntas que se le hicieron referidas a la ley, eludió la respuesta", recuerda Femería de la sesión del miércoles pasado. UGT y CC OO plantearon a De Miguel que la ley de rentas debería aprobarse antes de 2004 y reclamaron la puesta en marcha del Plan Autonómico de Inclusión Social, una recomendación de la Unión Europea en cuyo borrador trabajó también el ejecutivo de Blasco pero que nunca llegó a ver la luz.

Además de los proyectos legislativos comunicados en el Consejo de Bienestar Social, los primeros pasos de la nueva consejera se han dirigido al anuncio de la creación de una agencia sociosanitaria, o el estudio de las situaciones de dependencia en la Comunidad, sin entrar en detalle de la ley de rentas. Esta situación, sin embargo, no significa que se haya abandonado el proyecto, según apuntan fuentes oficiales de la consejería. "El proyecto está estudiándose y retomándose, es un compromiso adquirdo y se va a hacer", señalaron "tampoco se ha hecho referencia a otros planes que se van a sacar adelante".