El ex alcalde de Pego pagó 1,5 millones de euros a empresas embargadas

El ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, ordenó pagos ilegales por valor de 1,5 millones de euros a empresas en situación de quiebra y embargadas, desobedeciendo así varios requerimientos judiciales que reclamaban al Ayuntamiento que el dinero fuera abonado a los acreedores. Esta nueva irregularidad en la gestión de Pascual fue hecha pública ayer por el gobierno de la actual Corporación pegolina, que integran PP, PSPV y Bloc. Las empresas embargadas y en situación de quiebra o suspensión de pagos eran Dehesa Recursos Agroforestales, SA, Acer Actuaciones Hidrológicas y Forestales, y Jurídica, SA, unidas en dos UTE y a las que el gobierno de Pascual adjudicó, en el año 2000, las obras de urbanización de los polémicos planes urbanísticos en el Sector 2 y El Clot.

Dos años después, en 2002, las tres firmas fueron declaradas en quiebra y suspensión de pago. Nueve juzgados de toda España, según ha tenido conocimiento el actual equipo de gobierno, tramitaron las denuncias de proveedores y acreedores a los que estas empresas debían cantidades millonarias. Los juzgados remitieron al Ayuntamiento los mandamientos de embargo y reclamaron la deuda. Pero Pascual, desobedeciendo la orden judicial, decidió por decreto (fechados el pasado 17 de abril y el 21 de mayo) el pago de ocho certificaciones que ascendían a un montante de 1,5 millones de euros (250 millones de las antiguas pesetas) a subcontratas de las empresas en quiebra.

Caso omiso

La orden del ex alcalde también hacía caso omiso a un informe del interventor municipal, que le advertía de la irregularidad del procedimiento. El Ayuntamiento debe, además, a los juzgados otros 700.000 euros, en concepto de deudas a proveedores por parte de las empresas embargadas.

El gobierno municipal de Pego, que preside Carmelo Ortolà (PP), ha remitido a los juzgados que tramitan los embargos un informe sobre la actuación del ex alcalde. Asimismo, solicitará al ministerio Fiscal una entrevista para informarle de la situación, y si cabe la posibilidad de que esta institución inicie un proceso judicial contra Carlos Pascual por "malversación de caudales públicos".

El equipo de gobierno no escondió ayer su preocupación por la posibilidad de que los juzgados reclamen ahora al municipio los 1,5 millones de euros que el ex alcalde pagó ilegalmente. El concejal de Urbanismo, Eduardo José Ciscar, señaló que este asunto "es una muestra más del oscurantismo" que caracterizó la gestión de Pascual y su equipo en las dos últimas legislaturas. La portavoz del PSPV, Ana Aparisi, advirtió asimismo de que la deuda municipal heredada del anterior gobierno asciende a "doce millones de euros" (dos mil millones de pesetas).