El Congreso aprueba la ley que prohíbe recalificar el monte tras un incendio
La norma permite declarar de utilidad pública los bosques que destaquen por su paisaje
El PP aprobó ayer sólo con el apoyo del PNV su proyecto de Ley de Montes en el Congreso. La norma, que revoca otra de 1957, regula el espacio forestal, que ocupa el 51,2% del territorio español. Entre las medidas que impone, figura la prohibición de recalificar un monte tras un incendio (con las excepciones que dispongan las autonomías), obliga al dueño de suelo forestal a restaurarlo y fija planes de gestión para todos los montes. La ley, que da un amplio margen de maniobra a las comunidades, permite declarar de utilidad pública los montes que destaquen por su paisaje.
La ley concede autonomía a los propietarios privados para gestionar sus bosques, siempre que trasladen a su administración autonómica (siete ya disponen de ley forestal propia) su plan. Además confiere a las administraciones públicas el derecho de retracto en las transmisiones privadas de superficies superiores a las 50 hectáreas y refuerza el carácter inalienable de los 8,5 millones de hectáreas existentes de montes públicos. Los montes que destaquen por su paisaje podrán ser declarados de utilidad pública.
España cuenta con 26 millones de hectáreas de montes, de los que dos tercios son privados. La ley establece un catálogo de montes de utilidad pública y dominio público a los que tendrán acceso todos los ciudadanos siempre que hagan un uso respetuoso del medio natural. A este catálogo se incorporarán los espacios que integran la Red natura 2000.
En el trámite parlamentario se ha incorporado la cobertura de daños por parte del Consorcio de Seguros a quienes colaboren en la extinción de incendios y la reducción de sanciones (pueden llegar al millón de euros) en caso de que se corrijan los daños producidos por la infracción cometida en un plazo fijado. Se reconoce a los agentes forestales el carácter de "policía" y a Defensa se le otorga competencias exclusivas en los montes públicos que ocupa.
Falta de rentabilidad
El debate parlamentario previo al rechazo de todas las enmiendas puso sobre el tapete el papel diferenciado que ocupan los montes en España, después de un verano aciago en el que han sucumbido a las llamas más de 119.000 hectáreas forestales. Sólo en agosto se han registrado 5.022 incendios.
En la zona cantábrica-atlántica, la menos afectada, domina el bosque cultivado y productivo, al que la nueva ley presta excesiva atención, según el socialista Julián Simón de la Torre. No es casualidad que el PNV se haya mostrado, excepcionalmente, de acuerdo con el Gobierno. Iñaki Txueka, reconocía que el Gobierno había aceptado seis enmiendas de las once que había discutido previamente con el grupo parlamentario del PP. "Teníamos la prevención del uso y abuso que el Gobierno hace de la regresión autonómica. Debo reconocer que en este caso y sin que sirva de precedente ha sido injustificada, dado que es una ley que ha tenido una precocina importante previa a su aprobación", dijo Txueka.
Ramón Companys, de CiU, resumía el drama del bosque mediterráneo para el que reclama unos incentivos fiscales que no tuvieron la misma acogida que las propuestas vascas. "Los metros cúbicos por hectárea de leña de cualquier bosque mediterráneo, de Valencia o Cataluña, no tienen nada que ver con las producciones por hectárea de los bosques del norte", decía. "La falta de rentabilidad produce abandono y el aumento del riesgo de incendios. No en vano uno de los elementos más importantes para que un incendio alcance dimensiones desproporcionadas, es la cantidad de biomasa que se ha acumulado en el suelo".
Guardans cree que con una fiscalidad incentivadora de las actividades forestales, el monte estaría más protegido de los incendios. y se lamentó de que el Gobierno no rebaje el IVA de la leña del bosque (no la madera) para darle el mismo tratamiento que en Francia. Tampoco fue aceptada la propuesta del PSOE de prohibir durante 30 años el cambio de uso de suelo afectado por incendios forestales. La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, dijo que serán las autonomías, con sus problemáticas diferentes de suelo, quienes fijen ese plazo.
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