El Congreso concluye la reforma de 170 artículos del Código Penal
El PP rechaza en el pleno todas las propuestas de la oposición
La profunda reforma que el Código Penal sufrió en 1995, bajo Gobierno socialista, llega a su fin. El Congreso de los Diputados dejó lista ayer, para su aprobación definitiva en el Senado, la modificación de 170 artículos del Código, lo que supone una amplia transformación. Varias decenas de enmiendas de toda la oposición se estrellaron en el pleno de ayer contra la negativa del PP a aceptar alteraciones de sus planteamientos. El proyecto sale del Congreso sin romperse ni mancharse, casi como el Gobierno lo había elaborado.
Entre los grupos de oposición más afines al PP, las votaciones dejaron una cierta sensación de incomodidad, porque ni siquiera enmiendas de tipo estrictamente ténico fueron admitidas por los populares. A primera hora de la mañana, el PP advirtió que faltaban diputados de su grupo y que CiU tenía numerosas ausencias por celebrarse la Diada, así que tocó a rebato y se presentaron en el hemiciclo desde el presidente del Gobierno, José María Aznar, hasta el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz, que estaba en cama, con fiebre. Al final sobraron votos, porque al tratarse de una ley orgánica, lo mismo que la del Poder Judicial -cuya reforma quedó también aprobada ayer- era necesaria una votación de conjunto, en la que se exige la mayoría absoluta de la Cámara, es decir 176 votos.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 108 abstenciones del Grupo Socialista. El carácter orgánico del Código Penal fue refrendado por 191 votos a favor (PP, CiU y CC), la abstención del PNV y 112 votos en contra, del PSOE, IU y Grupo Mixto.
Entre otras muchas reformas, que será debatidas ahora en el Senado, la duración mínima de la pena de prisión pasa de seis a tres meses. Se establece en cinco años la duración de la pena que distingue entre la prisión grave y la menos grave; se suprime la pena de arresto de fin de semana y se sustituye, según los casos, por pena de prisión, de trabajo en beneficio de la comunidad o por la pena de localización permanente, que es una de las novedades que introduce el proyecto.
También se amplia la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, algo pensado fundamentalmente para la lucha contra la violencia doméstica.
La exposición de motivos del proyecto asegura que las modificaciones de un importante número de artículos "responden exclusivamente a la inclusión de novedades de carácter técnico", pero lo cierto es que la oposición afirma que todo va mucho más allá.
"Localización permanente"
Por ejemplo, la novedad de la llamada "pena de localización permanente", que hace desaparecer los arrestos de fin de semana.
Los autores del proyecto aseguran que quieren dar "una respuesta penal efectiva a determinados tipos delictivos y se basa en la aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de la tecnología". Pero esa tecnología, en opinión de algunos diputados socialistas, tardará en generalizarse para que los jueces puedan aplicarla. El proyecto prevé que la pena de localización permanente se cumpla en el domicilio del condenado o en otro lugar que señalen los jueces y por un periodo que no podrá exceder de 12 días, de manera consecutiva o los fines de semana.
Otra novedad significativa, entre las muchas que se introducen, es que podrán ser perseguidas de oficio las injurias y calumnias contra funcionarios públicos o autoridades administrativas cuando se trate sobre hechos que conciernan directamente al ejercicio de sus cargos.
Las alteraciones del orden en espectáculos públicos a los que asista gran número de personas podrán ser castigadas con la pena de privación de asistencia a espectáculos similares a aquéllos en los que se provocó la alteración.
Javier Barrero y Julio Villarrubia, portavoces del PSOE en los debates de ayer, criticaron con dureza la reforma. Barrero llegó a hablar de "contrarreforma penal". Villarrubia centró sus críticas en la extraordinaria celeridad con que se ha tramitado el proyecto, lo que, a su juicio, ha impedido un tratamiento sereno y eficaz de una reforma de tanto calado.
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