El Gobierno acusa a Ibarretxe y Atutxa de aprovecharse del terror y de defender a ETA

El Gobierno central calificó ayer de "gestos de amistad con ETA" las decisiones adoptadas por el Ejecutivo vasco -demandar al estado español por la Ley de Partidos- y el presidente del Parlamento autónomo, Juan María Atutxa -apoyar la subvención a Batasuna-. José María Aznar abrió el fuego durante un encuentro con los GEO, en el que dijo que "la nación española" derrotará al terrorismo "a pesar de que algunos compartan los objetivos del terror, a pesar de que algunos quieran obtener ventajas del terror y no cumplan las obligaciones de la ley ni las resoluciones de los tribunales".

José María Aznar, durante su visita a la base de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) en Guadalajara con motivo del 25º aniversario de su creación, lanzó un mensaje de guerra total al terrorismo antes de dirigirse, sin citarlos, al Gobierno vasco y sus componentes (PNV, EA e Izquierda Unida) y a Atutxa, por recurrir en el Tribunal de Estrasburgo la ley que permitió ilegalizar a Batasuna y por el acuerdo de la mesa de la Cámara vasca de reconocer a Sozialista Abertzaleak, antes Batasuna, su derecho a cobrar las subvenciones que le niega el Tribunal Supremo.

Tras decir que la lucha antiterrorista requiere "entrega total" e incluso "salir fuera" de España a pelearlo, Aznar señaló que nadie logrará "chantajear" a la "nación española", concepto éste que usó con profusión.

Esa lucha logrará la "derrota del terror" a pesar de los "desafíos de algunos" y de otros pesares: "A pesar de las deslealtad de algunos, a pesar de que algunos compartan los objetivos del terror, a pesar de que algunos quieran obtener ventajas del terror y no cumplan las obligaciones que les impone la ley ni las resoluciones de los tribunales, la democracia derrotará finalmente al terror".

"Nación española"

La victoria está asegurada por que "el Gobierno, la sociedad, la nación española y las Fuerzas de Seguridad son muy superiores a cualquier otra fuerza que quiera desafiar al país". Dicha "superioridad moral", subrayó Aznar, se ejercita "a través de la acción de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, que es lo que diferencia al estado de derecho de la barbarie".

Estas acusaciones con el sujeto elíptico fueron concretadas poco después con mayor dureza por Ángel Acebes, ministro del Interior. A su juicio, el PNV y el Gobierno vasco se dedican a la "defensa del partido de ETA con su rebeldía y desobediencia a los tribunales y el recurso al Tribunal de Estrasburgo". El recurso en sí y precisamente ante el Tribunal de Derechos Humanos es "un insulto intolerable a las víctimas del terrorismo y a la democracia, cuando ETA es la que mata los derechos de los ciudadanos".

Acebes auguró el "fracaso" del recurso -"ellos saben que fracasarán", puntualizó- e interpretó su mera presentación como "un gesto de amistad ante ETA, de amistad ante esa gente". El titular de Interior enmarcó los actos del Gobierno vasco, incluido el Plan Ibarretxe, "en la disparatada estrategia" en la que se han embarcado el partido de Xabier Arzalluz y sus socios. El ministro remarcó que el plan del lehendakari sólo busca "dividir España". Por ello, según insistió, la actitud del Ejecutivo de Vitoria de "defender a la organización terrorista, de querer romper la unidad de España y de generar riesgos innecesarios sólo puede traer perjuicios".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, por su lado, defendió ayer el recurso como un mecanismo "legal y natural": "En el marco del respeto al Estado de Derecho y a la legalidad está también el recurso a los órganos europeos". Imaz explicó que que su Gobierno cree que se han vulnerado el derecho a un juez imparcial, el principio de irretroactividad y el respeto al derecho de asociación.

El consejero enarboló en Bilbao su legitimidad para recurrir. "Entendemos que estamos habilitados en la medida en que, como mínimo, uno de los principios, el del juez imparcial, ha quedado vulnerado para nosotros como parte porque el Gobierno vasco sí está habilitado para recurrir al Tribunal Constitucional, recurrimos y ese derecho ha sido conculcado para nosotros como parte", apuntó. Imaz agregó que el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, tenía "posiciones previas establecidas" en torno a la ilegalización.

Imaz indicó que también se ha roto el principio de irretroactividad de una ley, ya que, según explicó, una ley no puede afectar a posibles delitos que han ocurrido con fecha anterior a la aprobación de la norma. Asimismo, afirmó que hay derechos básicos como los de asociación que también deben ser respetados y que han sido vulnerados. "La grandeza de una democracia y de los derechos humanos es que deben aplicarse también para aquellos que, en algún caso, vulneran otro tipo de derechos, independientemente de las propias circunstancias", concluyó.