El enjambre audiovisual

Trece normas con rango de ley, además de un aluvión de reglamentos, componen el entramado jurídico audiovisual español. Sucesivos parcheos han contribuido a completar en la última década una maraña cada vez más difícil de interpretar. En la mayoría de los casos se ha legislado de espaldas al sector, y en algunas ocasiones, por la puerta de atrás. Numerosas leyes han sido modificadas a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, por sorpresa y sin posibilidad de debate parlamentario.

La reforma que proyectó el ex ministro de Ciencia y Tecnología Josep Piqué tomó en consideración algunas de las demandas de los operadores privados, de la industria de contenidos y de los fabricantes de equipos. Pero la anunciada Ley General de la Radio y la Televisión se frenó en seco el pasado julio por motivos de "oportunidad política".

A la cancelación de la reforma prevista se ha unido ahora el relevo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, factores que reabren la incertidumbre sobre el futuro del sector. Por ello, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), que agrupa a Antena 3, Tele 5 y Sogecable,

solicitó el pasado lunes una reunión con el nuevo titular del departamento, Juan Costa, para expresarle la necesidad de perfilar un marco jurídico estable que favorezca el desarrollo audiovisual, la reconversión hacia la tecnología digital y su adaptación a las demandas del mercado.

Con el comienzo del nuevo curso, Uteca ha reclamado la "urgente" reforma del modelo televisivo. El presidente de esa entidad y de Tele 5, Alejandro Echevarría, aseguró en el seminario La televisión en España a debate, celebrado en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, que la piedra angular de la reforma es el rediseño de la televisión pública. Y especialmente de RTVE, que acumula una deuda de 6.000 millones de euros. Para ello, abogó por un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas que clarifique los mecanismos de financiación y su papel dentro del mercado.

La misma postura mantienen los entes autonómicos. El director general de Telemadrid, Francisco Giménez-Alemán, consideró prioritaria la negociación de "un gran pacto que haga posible una legislación global, integrándose en el mismo tanto los sectores públicos como los privados".

Los técnicos de Ciencia y Tecnología son conscientes de que el sector audiovisual precisa de una ley general que ordene las televisiones estatales, autonómicas, privadas, locales, analógicas o digitales. En su opinión, el actual marco legislativo es "incoherente y anacrónico". El ministerio reconoce que la sucesión de normas no ha contribuido a concretar un modelo, sino que "ha sido el propio modelo audiovisual español el que se ha ido modificando como consecuencia de los cambios tecnológicos, las coyunturas políticas o las presiones del mercado".

Para Uteca, el sector audiovisual atraviesa por un momento "crítico". El consejero delegado de Sogecable, Javier Díez de Polanco, sostenía que "la ausencia de un marco legal estable y adaptado a la realidad del sector y el aplazamiento de decisiones urgentes son síntomas de una crisis que reclama soluciones inmediatas".

A falta de una ley integral, el Gobierno planea soluciones parciales. El proyecto más avanzado pivota sobre el plan de televisión digital terrestre (TDT). Ciencia y Tecnología ha emprendido contactos con operadores, fabricantes de receptores y empresas de transmisión de señales para impulsar la TDT, que permitirá aumentar el número de canales, una mejor calidad de imagen y sonido y multitud de servicios interactivos. Dicho plan prevé el reparto del espectro radioléctrico de la quebrada plataforma digital Quiero TV entre el resto de operadores.