Los empresarios evitan los contratos de inmigrantes en sus países de origen porque les resulta más caro
Los empresarios valencianos no confían en la fórmula de contratar inmigrantes en sus países de origen para trabajar como temporeros en las diversas campañas de recolección agrícola. A estas alturas de año, a las puertas de la vendimia y a un mes de la campaña de recogida de cítricos, sólo se han presentado cuatro peticiones para contratar a inmigrantes en sus países de origen y todas ellas se han producido en la mesa provincial agrícola de Alicante, según la secretaria general de la federación Agroalimentaria de CC OO, Soledad Montaner. La responsable sindical destaca que de las cuatro solicitudes, tres son de un solo trabajador y la otra no llega a la decena. "Se trata de ofertas muy kafkianas, de gente sin cualificar, con nombres y apellidos, de peón para trabajos de técnicos agrícolas", señala Montaner.
La fórmula de la búsqueda de trabajadores en origen para cubrir plazas de temporeros que acuden a desarrollar unos trabajos específicos durante un tiempo determinado después del cual vuelven a su país es la vía que desea impulsar la Administración con el objetivo de limitar la extensión de las bolsas de inmigrantes irregulares. Para la responsable de inmigración de CC OO, Neus Carrasco, el poco éxito que ha tenido esta fórmula hasta el momento radica, precisamente, en el elevado número de trabajadores irregulares que hay en la Comunidad Valenciana, más de 100.000 según estimaciones sindicales. La contratación en origen obliga a abonar un billete (de ida o de vuelta), a costear el 90% del alojamiento o buscar residencias en condiciones y a pagar el salario marcado por convenio, algo que se sortea con la contratación de irregulares que cobran sueldos inferiores.
El responsable de Inmigración de la Unió de Llauradors (las organizaciones agrarias no están representadas en estas mesas provinciales), Vicent Sanz, explica que además de las condiciones que van unidas a la solicitud de trabajadores, un recurso utilizado sobre todo por empresas y cooperativas, desde la última reforma de la Ley de Extranjería se cerró la posibilidad de llegar a legalizar a temporeros tras una serie de años consecutivos acudiendo a campañas. En muchos casos, además, las empresas acuden a ETT. Sanz recordó que la política de la Unió es facilitar alojamiento y el salario según convenio al temporero inmigrante que participe en las campañas.
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