La izquierda pide un visado de hasta seis meses para que los inmigrantes busquen trabajo

La izquierda parlamentaria, el PSOE e Izquierda Unida, han presentado 66 enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, aunque desde puntos de partida diferentes. Mientras los socialistas están dispuestos a agotar la negociación para intentar un acuerdo con el Gobierno, IU mantiene su rechazo total al texto de forma que reclama la supresión de 14 puntos del proyecto, incluida la exposición de motivos. Ambos partidos creen necesario que se cree un visado especial, con una duración de entre tres y seis meses, para que los extranjeros entren y busquen empleo.

El PSOE presentó ayer en el Congreso, en el último día para hacerlo, 24 enmiendas al texto remitido por el Gobierno, mientras que IU entregó 42 enmiendas; Convergència i Unió (CiU), otras 44; el PNV, 39, y Coalición Canaria, 3. Sólo IU presentó una a la totalidad con texto alternativo, pero fue rechazada en el pleno del pasado 8 de julio.

El PSOE pretende que los empresarios que contraten irregularmente a un extranjero, "sin perjuicio de otras responsabilidades penales y administrativas", tengan que pagar a "la Seguridad Social por las cotizaciones no realizadas" y puedan ser denunciados "por competencia desleal por otros empresarios, quienes además podrán exigirles indemnizaciones económicas".

Los socialistas quieren que la ley ofrezca "una opción legal, accesible y ordenada a los empleadores que no encuentran en España [trabajadores] dispuestos a desempeñar determinados puestos". Así, propone "aprobar un número de visados de búsqueda de empleo", con vigencia de tres meses, para facilitar "la contratación en determinados sectores (como el servicio doméstico), en los que el mercado laboral hace muy compleja la contratación directa en origen sin la presencia directa del empleador".

Consuelo Rumí, responsable de Políticas Sociales y Migratorias socialista, entiende que ese visado, del que se beneficiarían también los nietos e hijos de españoles residentes en el extranjero, es necesario porque "el contingente no da respuestas a ciertos sectores como el doméstico ni a personas de una cualificación laboral especial". IU ha presentado una enmienda similar para que se conceda "un visado y permiso de estancia de seis meses para búsqueda de empleo".

El PSOE acepta el internamiento en centros de los inmigrantes que lleguen irregularmente, pero defiende "una regulación acorde con su carácter de centros de custodia no penitenciarios". Rumí pretende dejar claro "que esos centros no son prisiones". IU ha presentado una enmienda en esta línea para aumentar las garantías jurídicas de los recluidos, aunque considera que debería eliminarse "la figura atípica del internamiento".

Respecto al acceso policial a los datos del Padrón Municipal que pretende el Gobierno, el PSOE cree que, "dado que se trata de acceder a datos recabados para otros fines por otras administraciones, los accesos por parte de la policía a los datos del Padrón deben cumplir con las máximas medidas de seguridad previstas por la legislación sobre protección de datos". La formación de Gaspar Llamazares pretende eliminar ese aspecto de la reforma.

En el ámbito de la reagrupación familiar, la reforma prohíbe regularizar a familiares de un extranjero que haya conseguido permiso de residencia por estar casado con otro que ya lo tenía. PSOE, CiU e IU plantean flexibilidad de forma que, por ejemplo, los ascendientes reagrupados puedan traerse a sus hijos menores o incapacitados. Xavier Trias, portavoz de CiU, explica que su grupo pretende evitar lo que se denominan "reagrupamientos en cascada", pero a la vez "disponer medidas que eviten que se produzcan situaciones injustas".

IU incluye en sus enmiendas la necesidad de recuperar parte del articulado de la derogada ley 4/2000, a la que se llegó con un amplio consenso, y también pide que se abra un nuevo proceso de regularización de inmigrantes dirigido a aquellos que se encuentren en España antes del 1 de julio de 2003 y no hayan podido obtener permiso de residencia.

Las enmiendas de CIU, según Trias, están divididas en tres bloques: 19 sobre asuntos competenciales, ocho referidas a cuestiones de arraigo y reagrupamiento y 13 de temas de asilo. CiU cree que las más importantes son las competenciales y también las que supondrán "un mayor desacuerdo con el Gobierno". "Hay que intentar que las comunidades participen al menos en la gestión de la inmigración, porque son al final las que asumen a los inmigrantes", dijo Trias.