Gobierno y PSOE negocian la reforma de la Ley de Extranjería

Más de tres años de desacuerdos entre la oposición y el Gobierno en torno a la normativa de extranjería que rige en España, un país donde se ha pasado en los siete años y medio de mandato popular de 538.984 extranjeros con permiso de residencia a más de 1.572.000 tras dos regularizaciones extraordinarias, pueden terminar en los próximos días. El secretario de Estado de Extranjería, Ignacio González, y la responsable socialista de Inmigración, Consuelo Rumí, llevan una semana negociando las 24 enmiendas que el PSOE quiere introducir al texto del Gobierno, que modifica 20 de los 70 artículos de la ley.

Hoy se cierra el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso y el próximo jueves se reúne la ponencia de la comisión que convertirá el texto en ley. En estas 96 horas, Rumí espera convencer a los dirigentes del Ministerio del Interior para que acepten algunas mejoras que los socialistas consideran imprescindibles para dar su respaldo a la ley y que no figuran en el texto remitido al Parlamento por el Consejo de Ministros. El proyecto de ley fue aprobado el día del cierre de la campaña electoral del 25 de mayo pasado y fue censurado por todos los grupos de la oposición.

"No se trata de ningún pacto sobre política de inmigración", advierte Rumí, "sino de intentar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Y en ese terreno, aunque algo hemos avanzado, todavía hay cosas importantes que negociar". Los responsables del Ministerio del Interior admiten su interés por sacar adelante la reforma legislativa, la tercera de envergadura sobre este mismo asunto en los últimos tres años, con el máximo consenso posible. "La negociación va razonablemente bien", explica Ignacio González, secretario de Estado de Extranjería.

El Gobierno ha rechazado hasta ahora todas las propuestas hechas por el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, para sellar un pacto de Estado en materia de inmigración al estilo de los firmados sobre política antiterrorista y modernización de la justicia. En esta ocasión, es la primera vez en la que populares y socialistas han acercado sus posturas y negocian en un clima en el que ambos reconocen que ven muchas posibilidades de acuerdo.

La reforma de la Ley de Extranjería que emprende el Gobierno en el último tramo de la legislatura obedece al varapalo judicial recibido por su deficiente aplicación de la normativa vigente. Una sentencia del Tribunal Supremo invalidaba alguno de los principales preceptos del Reglamento de Extranjería, el manual para aplicar la política de inmigración en España, por considerar que carecían de amparo legal.

El Supremo considera ilegal la retención en un centro de internamiento de extranjeros que llegan a España sin papeles y que durante 40 días permanecen encerrados, o la limitación que establecía el Reglamento de Extranjería para regularizar a familiares directos de inmigrantes que tuvieran permiso de residencia en España por reagrupamiento.

La reforma legal intenta tapar estas lagunas y endurece los requisitos no sólo para lograr permisos de residencia, sino para viajar a España, de manera que se pueda controlar mejor la inmigración irregular que entra fundamentalmente por los aeropuertos. Los aspectos más destacados que toca la normativa son los siguientes:

- Reagrupamiento familiar. El cónyuge del residente extranjero que reside en España podrá obtener permiso de residencia. Pero los familiares directos del cónyuge no tendrán derecho a ese permiso, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora. El PSOE quiere introducir enmiendas a este texto, para, como explica Consuelo Rumí, "abrir excepciones a casos especiales que no pueden ser tratados como se mantiene en el texto del Gobierno".

- Retención de inmigrantes. El nuevo texto legal plantea reforzar "los procedimientos de detención, internamiento y expulsión de los que sean sorprendidos en una patera". Con este artículo, al que los socialistas no ven inconveniente, se intenta respaldar el internamiento durante catorce días en los centros establecidos por Interior de extranjeros que entran de manera irregular en España.

- Eliminación de burocracia. Quienes consigan un visado de trabajo en su país para viajar a España, con un contrato en regla, no necesitarán pedir aquí un permiso de residencia, ya que dicho visado se le concederá.

- Condiciones para el transporte aéreo. Las compañías aéreas estarán obligadas a facilitar información de sus clientes y de informar al Gobierno español cuáles de ellos no han utilizado el billete de vuelta a su país. Si no lo hacen, podrán ser sancionadas con multas de hasta 60.000 euros.

Los socialistas respaldan las medidas legislativas para controlar la inmigración irregular, pero plantean que la reforma debe servir también para abrir vías de entrada de inmigración regular distintas a la del contingente de ofertas laborales que cada año establece el Gobierno. "Se ha demostrado que no es eficaz", señala Rumí.

Antes del próximo 31 de diciembre la reforma legislativa debe estar aprobada porque para entonces habrá terminado la segunda legislatura, ya que las elecciones generales del próximo mes de marzo obligan a la disolución de las Cortes en enero. La discusión parlamentaria de la Reforma de la Ley de Extranjería llega en uno de los momentos de mayor entrada de inmigrantes irregulares en España. La llegada de pateras a las costas andaluzas y canarias ha crecido un 30% respecto al año pasado, y los naufragios de embarcaciones con extranjeros a bordo se han cobrado la vida de más de 30 personas este verano.