El profesorado inicia el curso sin conocer a fondo los decretos de la reforma anunciados hace 4 días
Sindicatos y equipos directivos coinciden en señalar el desconcierto existente en los docentes
Los 44.845 maestros y profesores de la Comunidad Valenciana que entre hoy y el próximo 17 de septiembre inician el nuevo curso desconocen el grueso del marco legal que deberán aplicar en las aulas para implantar con éxito la flamante Ley de Calidad Educativa del Gobierno Aznar -pese a que fue aprobada en diciembre de 2002 por la vía de urgencia-, ya que dos de las "novedades estrella" de la reforma apenas fueron presentadas el jueves, a sólo cuatro días de que cinco autonomías hayan abierto sus colegios. Así las cosas, una de las grandes preocupaciones de sindicatos y equipos directivos reside en "el desconcierto reinante entre el profesorado que desconoce el decreto de cambios al sistema de evaluación y promoción que afectará a los 682.000 alumnos del sistema educativo valenciano, o cómo y cuándo se organizarán los controvertidos exámenes de repesca".
Con los datos de matrícula cerrados se sabe que 1.500 niños de infantil se han quedado "sin plaza pública" en la ciudad de Valencia, aunque han podido ser escolarizados en otros centros privados fuera de sus barrios de origen. También con los datos del último registro oficial de construcciones, fechado en febrero de 2003, se calcula que, al menos 30.000 alumnos estudiarán este curso en barracones (aunque el consejero Esteban González Pons, rebaja las estimaciones a 24.445).
A esto se añade que, según los cálculos de los tres grandes sindicatos de la enseñanza CC OO, STEPV y UGT, un promedio de "un 30% de los estudiantes de 1º de ESO seguirá escolarizado en aulas de primaria, a falta de institutos", lo que retrasa otro año más la incorporación de los niños de menos de tres años al sistema educativo reglado para reducir la alta tasa de paro femenino, que duplica la media europea. Pero, además, hay zonas como el área industrial de la provincia de Castellón -en los núcleos de Nules, Vall d'Uixò, Vila-real o Borriana-, donde la cifra se dispara al 40%, según un estudio del STEPV.
El problema principal, "si no el más grave", explica Luis García Trapiello, de CC OO, está en "el desconcierto y el desconocimiento del profesorado que tendrá que hacer un esfuerzo añadido para sacar adelante la mal llamada Ley de Calidad Educativa y lidiar, al mismo tiempo, con tres de los problemas endémicos del sistema público de enseñanza". Éstos, según el diagnóstico preliminar de incidencias escolares realizado en los centros públicos de la comarca del Baix Segura, son: "En primer lugar, que los profesores y equipos directivos se enfrentan a la sobreutilización de los espacios educativos". Un problema que se extrapola a buena parte de las comarcas con mayor índice de densidad demográfica. En segundo lugar figura "la excesiva interinidad de los equipos docentes, que cada año se encuentran que un 35% de la plantilla es nueva". Incluso se dan casos donde la renovación anual de los profesores afecta "al 80% y 90% de la plantilla".
"¿Cómo se puede trabajar desde la comunidad escolar con estas dificultades? ¿Cómo se le puede dar continuidad a los programas y métodos de trabajo puestos en marcha por los profesores, si cambia el equipo? ¿Cuánta energía y tiempo nos supone arrancan el curso cada año?", se pregunta el maestro Luis Sánchez Pérez.
Por otra parte, la Ley de Calidad no resuelve de entrada la "acumulada pérdida de poder adquisitivo de los centros públicos para el mantenimiento y dotación de material", que revelan las tablas comparativas entre la financiación asignada por el Consell a los centros en función del número de alumnos y del nivel y el desajuste con el IPC acumulado, que abarata el coste público de un alumno hasta en un 28%, según los datos comparativos elaborados anualmente por el STEPV y el Grupo Parlamentario Socialista.
"Esta es la foto fija que en realidad se encontrarán los maestros de primaria que oficialmente inauguran hoy el curso académico, que además comienza marcado por un crecimiento significativo de la matrícula inmigrante", resume Manuel Picó, secretario general de CC OO.
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