El STEPV alerta de que el 72% de inmigrantes va a la red pública pese a las quejas del Defensor del Pueblo

El recién estrenado consejero autonómico de Educación, Esteban González Pons, informó el sábado que el número oficial de inmigrantes matriculados en la Comunidad Valenciana en el curso 2003-2004 que se inicia hoy asciende a 44.992, lo que representa "un 11% más" que el curso anterior. Según este análisis, al inicio del curso pasado había 32.845 alumnos extranjeros matriculados, cifra que aumentó a final del curso hasta los 40.44, lo que supone que casi 8.000 alumnos inmigrantes se incorporaron a las aulas con el curso empezado, aumentando la ratio de los grupos y también la dificultad de los docentes para organizarse sobre la marcha. Este problema nada nuevo hace prever, por tanto, la incorporación a final de curso de un cupo mayor de inmigrantes del que ahora inicia el curso.

De entrada, el hecho de que el consejero reconociera que casi 45.000 inmigrantes se incorporan a las aulas valencianas confirma un hecho que la Generalitat no había admitido oficialmente hasta ahora, que el número de inmigrantes escolarizados se ha triplicado en la Comunidad Valenciana en sólo tres años. Así, en junio de 2001, el Observatorio de Inmigración puesto en marcha ese año por la propia consejería censó en 15.331 el número de extranjeros matriculado ese curso, cifra que subió a 25.000 en 2002.

Pero, además, visto desde el punto de vista de la calidad educativa, "el riesgo de convertir la educación pública en un gueto, lejos de disminuir", como alertó en mayo pasado el propio Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, cuando denunció que el "80% de la inmigración en España está escolarizada en colegios públicos", continúa consolidándose en el presente curso 2003-2004 a tenor de los datos. Según las cifras adelantados ayer por STEPV, en la Comunidad Valenciana, "el 72% de los 44.992 inmigrantes está matriculado en la red pública". Ante tal evidencia, el consejero González Pons se limita a responder a las críticas por "la falta de previsión de la Administración valenciana" con el argumento de que "los inmigrantes prefieren los centros públicos porque les ofrecen becas y transporte".