La Junta ejecutará a la fuerza una orden de desamparo de cuatro niños

La delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Granada ha ordenado la ejecución forzosa de un decreto de "desamparo provisional" de cuatro niños con edades comprendidas entre los 2 y los 9 años que viven en la actualidad con sus padres. El 22 de agosto la Junta sugirió a los familiares que entregaran voluntariamente los menores a Asuntos Sociales pero éstos no han contestado.

Asuntos Sociales cree que los menores están desatendidos y faltan regularmente al colegio

La orden de desamparo provisional supone en la práctica que la consejería que preside Isaías Pérez Saldaña asuma la tutela de manera provisional durante tres meses. La falta de contestación de los padres al requerimiento ha inducido a la Junta de Andalucía a enviarles una nueva resolución de ejecución forzosa.

Si los padres no actúan en esta ocasión, y ya ha pasado más de una semana desde que el pasado 28 de agosto se les enviara el segundo aviso, la Administración acudirá a los tribunales para conseguir su propósito de retirar los niños del hogar familiar.

"Nos veremos entonces obligados -explica Esther Aguilera, responsable del Servicio de Protección de Menores de la Consejería de Asuntos Sociales en Granada -a solicitar un mandamiento judicial de entrada en el domicilio".

La petición judicial se concretará probablemente a principios de la semana entrante. La intención de Asuntos Sociales era tratar de que la entrega no fuera traumática para ningún miembro de la familia afectada. Los niños, explican fuentes conocedoras del expediente, padecen de desatención alimenticia y sanitaria y en raras ocasiones acudían al colegio.

La situación ahora, sin embargo, está muy lejos de ser pacífica. Los padres están separados y no comparten la vivienda. mientras que los menores viven con la madre. Según fuentes de Asuntos Sociales en Granada, la madre ha advertido que "no permitirá que le quiten a sus hijos" y que, si hace falta, los esconderá.

La delegada de la Consejería de Asuntos Sociales en Granada, Charo Quesada, considera que "los padres hacen mal en negarse a nuestra intervención. Esto ocurre muchas veces y, con frecuencia, la unidad familiar se recompone". La realidad por ahora es que los padres, asegura la delegada de la Junta, ni dejan a sus hijos ni interponen tampoco un recurso en la justicia contra la decisión de la administración.

El historial de conflicto familiar de el presente caso viene de lejos. La resolución de desamparo provisional se adoptó, recuerda Esther Aguilera, por considerar que "existían distintas circunstancias que afectan de forma muy grave al desarrollo físico y psíquico de esos menores". Aguilera, que reconoce que los chicos vivían una situación de "alto riesgo", añade que "durante varios años los servicios sociales de la zona han trabajado con la familia pero, lejos de mejorar el trato con los menores y la situación de la familia, el estado se ha agravado".

Charo Quesada, por su parte, insiste en que tanto los servicios sociales comunitarios como un equipo de intervención familiar ha intentado en los últimos meses hablar con la madre para tomar medidas correctoras. Sin embargo, agrega la delegada de Asuntos Sociales, la negativa de la madre a recibir a los especialistas ha sido constante. El objetivo de la separación de los niños de su entorno familiar es, dice la delegada, "conseguir la normalización de los cuatro menores y que estén preparados para volver al seno familiar".