Pacto de inmigración

La llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas está adoptando un cariz dramático, que contrasta severamente con la vaciedad de las reformas legales y de las promesas y buenos propósitos del Gobierno, los últimos expresados anteayer mismo por el nuevo líder del PP, Mariano Rajoy. En pocos casos está tan claro que una cosa es predicar -reformar leyes- y otra dar trigo: poner medios para resolver los problemas y sobre todo atender a las personas que llegan en estado de extrema necesidad a nuestras costas. Los acontecimientos del último fin de semana en Tarifa y Algeciras, con el colapso del dispositivo policial y asistencial ante la llegada en pateras de medio millar de inmigrantes indocumentados, ponen en cuestión la política sobre la inmigración, pero plantean sobre todo dudas sobre la sensibilidad del Gobierno en materia de elementales derechos humanos.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero tenía razón hace tres años al proponer, a raíz de la aprobación de la actual ley de extranjería, un pacto institucional sobre la materia que englobara al Gobierno y a la oposición, pero también a las autonomías, ayuntamientos, patronal, sindicatos y ONGs. El Gobierno le respondió, como en otras tantas cosas, con el desdén y el sarcasmo. Pero ese gran acuerdo nacional resulta más urgente que nunca después de dos años de vigencia de una ley que según el Gobierno permitiría acabar con el efecto-llamada, controlar eficazmente las fronteras, poner fin a la imigración irregular y establecer los cauces para una inmigración legal y ordenada, gestionar con eficacia los cupos anuales de mano de obra extranjera y facilitar la integración social del inmigrante.

Nada o muy poco se ha cumplido. El efecto-llamada es más fuerte que nunca, las fronteras siguen permeables, la bolsa de inmigración irregular crece, la inmigracion legal y ordenada disminuye, los cupos anuales de mano de obra extranjera funcionan peor que nunca y la integración social del inmigrante no encuentra su mejor caldo de cultivo en mensajes ambiguos o a veces claramente malintencionados que inducen a la xenofobia. El Gobierno ha abordado el complejo fenómeno de la inmigración con la ingenua irresponsabilidad de quien parece creer que la reforma de la ley modifica la realidad como por ensalmo. Y el resultado es una ley abocada a su reforma permanente en un intento por controlar una realidad que la desborda.

Es cierto que la detención en sólo tres días de medio millar de inmigrantes indocumentados en la costa gaditana supera todas las marcas. Pero la escadez de medios y la precariedad asistencial en esa zona caliente de inmigración irregular viene de lejos. Es exactamente lo mismo que sucede en Canarias, tal como han denunciado el Defensor del Pueblo y diversas organizaciones humanitarias. Además de legislar, el Gobierno tiene responsabilidades concretas respecto del inmigrante: garantizarle ayuda humanitaria, tutela judicial y asistencia higiénico-sanitaria. Pero eso exige voluntad política, más recursos y, ante todo, mayor sensibilidad respecto a los derechos humanos.