Ibarretxe ataca con dureza al PP y al Gobierno la víspera del viaje de Rajoy

La Presidencia del Gobierno vasco revistió ayer de solemnidad el duro ataque que lanzó, a través de un comunicado oficial, contra el PP y el Gobierno central. Aunque no lo menciona, la nota puede considerarse su respuesta oficial a la petición de la Abogacía del Estado al Supremo para que anule la decisión de la Mesa del Parlamento vasco de no disolver el grupo de la ilegalizada Batasuna y todos los acuerdos en que aquél haya participado. La nota fue difundida 24 horas antes de que el nuevo secretario general del PP y candidato a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visite hoy Vitoria.

La Presidencia del Ejecutivo vasco reaccionó ayer con un duro comunicado oficial al anuncio hecho el miércoles por el ministro de Justicia, José María Michavila, de que la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que anule todas las decisiones de los órganos del Parlamento vasco que supongan el incumplimiento de sentencias judiciales o en las que hubiera participado o pueda tomar parte en el futuro el grupo de la ilegalizada Batasuna.

La fórmula elegida para pronunciarse -un comunicado oficial, algo poco usual en el Gabinete de Ibarretxe- revela la preocupación que el anuncio del ministro suscitó en Ajuria Enea, sede de la Presidencia autónomica, ante la mera posibilidad de que el debate del plan soberanista de Ibarretxe y las votaciones que sobre él hayan de producirse en la Cámara puedan ser invalidadas judicalmente.

La Presidencia del Gobierno vasco difundió su comunicado unas dos horas antes de que se conociese la opinión del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hermando, que entendió que la anulación de decisiones sólo podrá referirse a las relacionadas con la propia sentencia de ilegalización y los autos que ordenan la disolución del grupo parlamentario de Batasuna.

En su comunicado, la Presidencia del Gobierno vasco entiende que todas las actuaciones del PP y del Gobierno central tienen un mismo objetivo: impedir el debate político en el País Vasco, centrado en el plan de libre asociación de Ibarretxe, si bien el escrito no lo menciona.

"Campaña permanente"

Aunque la nota, encabezada por el epígrafe "Comunicado oficial de la Presidencia del Gobierno vasco" no puede considearse realmente novedosa en su contenido, sí choca por su lenguaje directo y duro. Desde su perspectiva, el PP piensa hacer de su firmeza en el País Vasco, tanto ante el terrorismo como ante las reclamaciones del nacionalismo gobernante, eje fundamental de su campaña para las elecciones de 2004.

El texto acusa al PP y su Gobierno de mantener una "estrategia de permanente tensión de la vida política vasca" con el objetivo de "tratar de impedir el debate político normalizado de las ideas" en Euskadi. Después, hace un ejercicio de reafirmación al sostener que el debate se va a producir aunque el PP quiera impedirlo "instrumentalizando políticamente medios como la Justicia". Ésa es la única alusión implícita al anuncio de Michavila.

"El PP y el Gobierno de Madrid están en campaña permanente, haciendo un uso partidista de Euskadi y de la violencia, con el único propósito de obtener votos en España", acusa el comunicado, que también critica al PP por "generar tensión y crispación y eludir cualquier tipo de diálogo y encuentro con el lehendakari o las instituciones vascas" porque "no puede ofrecer un proyecto de futuro a los vascos. Y no puede hacerlo porque no tiene ideas para este país, y porque todas las que ha presentado han sido rechazadas por la mayoría de los ciudadanos".

"El PP y el Gobierno del señor Aznar pueden seguir empeñándose en actuar de espaldas a la sociedad vasca, pero deben de saber que los vascos no vamos a renunciar al debate político de las ideas para construir todos juntos el futuro de nuestro país, así como tampoco vamos a renunciar a decidir libre y democráticamente cómo queremos que sea el mismo", añade el texto. La Presidencia del Gobierno autónomo termina afirmando que "el Parlamento vasco va a debatir los diferentes proyectos que las fuerzas políticas estimen oportuno presentar". "Ésta es la intención que tiene el lehendakari y el Gobierno vasco y es lo que va a suceder", concluye.

[El Ejecutivo vasco, las tres diputaciones forales y el Ministerio de Hacienda han llegado a un principio de acuerdo para resolver el conflicto que enfrentaba a los dos gobiernos por los casi 33 millones de euros del Cupo que la Administración autónoma se negaba a abonar, según informó anoche Radio Euskadi].