Rapiña política
La moción de censura en Marbella a los cuarenta y cinco días de la constitución del Ayuntamiento ha supuesto un auténtico escándalo de ámbito internacional. Las emisoras españolas de televisión que emiten por satélite han permitido que en todos los lugares del mundo se pueda seguir este folletín político, con atención especial por ciudadanos españoles o de origen español.
Los personajes son, sin lugar a dudas, llamativos y ruidosos: el señor Gil, condenado y perseguido por la Justicia por asuntos diversos ligados a la corrupción; el señor Julián Muñoz, alcalde con mayoría absoluta émulo de Gil, removido con una moción de censura fulminante; miembros de partidos políticos, tránsfugas, que no han tenido ningún escrúpulo en vender la confianza política que los electores habían depositado en ellos. En otros lugares de España, en zonas del archipiélago canario, o en Francia e Italia, en la costa mediterránea, se dan ejemplos muy parecidos. Quizás la singularidad sea la notoriedad y la pléyade de personajes, desde Isabel Pantoja a inefables seres humanos que pululan por la Costa del Sol.
La parte rosa y los escándalos urbanísticos han aplastado otro ámbito de lo sucedido que adquiere niveles de preocupación y que debe de obligar a reflexionar y a tomar decisiones. El desprestigio para la política y para las instituciones que supone que un alcalde sea desposeído del gobierno por una moción de censura, rechazada por los partidos políticos pero secundada por miembros tránsfugas expulsados de esas formaciones, adquiere dimensiones notables. Ofende y desprecia el ejercicio democrático de los electores que han elegido a una formación política para que gobierne durante cuatro años, aunque sea un partido como el GIL en el que la mayoría de sus dirigentes están procesados. Pero ofende igualmente o más, que concejales de los partidos en la oposición se hayan prestado a una maniobra política de la que no disponemos de ninguna razón para el interés colectivo y general. Las razones de los tránsfugas pertenecen, generalmente, al ámbito de la investigación judicial. Aquí no ha habido deserciones por razones ideológicas o políticas.
El triunfo del transfuguismo y de partidos al límite de la ley como el GIL puede ir conduciendo a que la política sea como "un partido jugado en un estadio vacío, sin público". La vulneración de la voluntad popular, con malas artes aunque sean legales, va a ir dañando la política de manera profunda. No desvelo ningún secreto si afirmo que el distanciamiento de los ciudadanos con respecto a la política convertirá a las políticas progresistas y los partidos de centro izquierda e izquierda en sus primeras víctimas. La derecha política intercambia otros compromisos con sus electores cuando se presenta a un proceso electoral, pero para la izquierda la presentación de sus valores es su primera seña de identidad.
Lo sucedido en Marbella, en Madrid, la costumbre de que las alcaldías se dividan por la mitad haciendo gobiernos de dos años cuando se establece en la ley un mandato de cuatro años, no son los mejores ejemplos de la regularidad y del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Aunque es preciso anotar el acuerdo que han logrado los partidos políticos, aquí en Andalucía, en la buena dirección, porque se requieren compromisos políticos de todos además de modificaciones legales que garanticen que estos comportamientos de transfuguismo no se vuelven a producir.
Se han propuesto medidas que no han sido atendidas por el Gobierno de la nación, en manos del PP. Si no se quiere abordar la elección directa de alcalde es posible dificultar las mociones de censura en el primer y último año del mandato local, la creación de la figura del concejal no adscrito y formas diversas que pueden disuadir espectáculos tan poco edificantes como Marbella o Madrid. La implicación más determinada y comprometida de los Ministerios del Interior y Justicia y de otros poderes del Estado como la Fiscalía y el poder judicial es obligada para poner coto a la situación de Marbella. Por contra, la desaparición de expedientes judiciales que afectaban al señor Gil y su posterior archivo es terriblemente desalentador.
Los partidos políticos andaluces requieren un incremento de todo tipo de medidas en la buena dirección. Todos los responsables políticos nos debemos sentir en la obligación de promover iniciativas que prestigien el ejercicio de la política, manteniendo el sentido común, el respeto a la autonomía constitucional de las corporaciones locales y la necesidad de que la Justicia entre en algunos asuntos municipales con mayor celeridad. Y todos debemos buscar mecanismos eficaces que persigan el transfuguismo de manera radical y eficaz. Estas prácticas son un ejemplo negativo que no se merecen la inmensa mayoría de las más de diez mil corporaciones locales de nuestro país.
Si seguimos esta deriva escandalosa donde cualquiera encuentra argumentos para justificar su deshonestidad personal estaremos preparando el terreno para quiénes creen, sin dobleces, que la política es un ejercicio de osadía, con un mandato de cuatro años iniciales para ejercer la rapiña burlando los controles legales.
Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
