Mentiras, tramas y fraudes a la Seguridad Social

Recientemente hemos conocido que Ricardo Romero de Tejada, además de su cargo como secretario general del PP de Madrid, al que se dedica por completo, según sus propias manifestaciones (EL PAÍS 9-V-2001) y del que afirma no percibir retribución alguna, pertenece a diversos consejos de administración, bien retribuidos, entre ellos los de Caja Madrid y la Compañía Transmediterránea. A esas actividades añade diversos cargos retribuidos en diferentes sociedades mercantiles. Seguramente nos iremos enterando de algunas más, cuando Romero de Tejada tenga a bien refrescar su memoria, tal como le ocurrió en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, en la que, a preguntas del portavoz socialista, reconoció haber olvidado, en respuesta anterior, que está dado de alta en la Seguridad Social, como trabajador por cuenta ajena a tiempo completo en una empresa dedicada a hacer fotocopias.

Demasiadas actividades para afirmar que alguna de ellas sea a jornada completa. Se nos ha dicho, también, que la única actividad por la que ha percibido un salario es, precisamente, esta última, la que necesitó refrescar en segunda convocatoria memorística. Ningún mortal común tendría un lapsus mental de su trabajo principal remunerado, producido, precisamente, cuando comparece ante una comisión en la que sabe que le van a preguntar por estas cuestiones. Pero ante la más que sospechosa actitud de ocultamiento, inmediatamente salió toda una tropa de opiniones tratando de justificar su laguna mental con el peregrino argumento de que tal trabajo sólo le ha llevado unas horillas semanales (¿a tiempo completo?) y que, en realidad, lo ha hecho para obtener una pensión de jubilación el día de mañana. Así nos lo ha explicado él, los empresarios para los que dice haber trabajado, el representante del PP en la Comisión de Investigación, y los diferentes responsables de su partido.

Ha sido una respuesta desafortunada e insensata. Porque, para vestir el santo de la ocultación inicial del trabajo -ellos sabrán por qué- nos han confesado que la realidad es que se está comprando una pensión de jubilación, que tiene todo el derecho a ello y que cualquiera, les falta decir "que pueda", haría lo mismo. En definitiva, están justificando su fraude a la Seguridad Social, y para cubrirse de la falta, incitan al fraude al resto de los españoles. Su última renuncia al paripé laboral ha dejado el apaño aún más al descubierto y el campo abierto a las pertinentes investigaciones.

Quienes pensamos que la política es una de las actividades más dignas y honorables que se puede desempeñar en la vida, quienes creemos que es un privilegio moral que los resultados de nuestra actividad pública reviertan en el bien general y no en el particular, quienes defendemos que el Estado social es una conquista ciudadana que verifica el valor de la solidaridad social, exigimos una inmediata rectificación de este penoso -y punible- comportamiento y pedimos que los poderes públicos -administrativos y judiciales- adopten las medidas adecuadas y reparadoras de estas conductas que corrompen los fundamentos de nuestras instituciones sociales.

Porque lo que obliga al empleador a incluir a un trabajador en el Sistema de Seguridad Social (SSS) contributivo es la prestación de un trabajo remunerado. La finalidad es que el trabajador esté protegido, ante determinadas contingencias que afectan a su capacidad laboral y, en consecuencia, a su salario, mediante una prestación económica. La jubilación es uno de estos supuestos. Cuando las personas llegan a determinada edad en la que ya no pueden o no deben seguir trabajando, el SSS les garantiza una prestación económica sustitutiva de su salario, para que puedan seguir viviendo dignamente en su vejez.

Así, el SSS contributivo no incluye a quien quiere, no es un derecho universal, sino sólo a aquel que, por realizar una actividad profesional, es jurídicamente obligada su alta. Fingir que se trabaja o que se da trabajo para darse de alta y cotizar al SSS es subvertir los fines de esta institución, actuar fraudulentamente y utilizar un instrumento de solidaridad en beneficio particular. Este es el caso. Un hipotético contrato laboral que no responde a la lógica relación bilateral de intercambiar trabajo por salario sino, bien al contrario, es el intercambio de no se sabe bien qué por unas cotizaciones para tener mañana el derecho a una pensión.

Y me pregunto, ¿qué privilegios tiene este señor que no tengan los demás ciudadanos? ¿Qué pasa con todas estas mujeres que no tienen derecho a una pensión de viudedad porque no han formalizado su relación de convivencia con el que fuera su compañero durante años? ¿Qué pasa con todos aquellos que, por no realizar una actividad incluida dentro del sistema contributivo, se ven sin derecho a una pensión de incapacidad cuando tienen una enfermedad que les impide desarrollar una actividad remunerada?

Y yendo un poco más lejos, ¿qué hace el PP que no da de alta a personas que dedican una actividad de tal envergadura y responsabilidad a las tareas de su partido? ¿Y qué hace el PP, si no les paga ni les da de alta en la Seguridad Social, que no se preocupa de conocer o vigilar qué contrapartidas o intercambio de intereses realizan las personas que están dirigiendo la política de su partido para poder garantizarse una pensión de jubilación? Muchas preguntas y pocas respuestas, como en esta comisión, que más parece de ocultación, en la que los silencios (¿culpables?) se imponen a la asunción de responsabilidades.

Mentir en una comisión parlamentaria es un grave delito democrático que desacredita globalmente a su autor. El papel que el secretario general del PP de Madrid haya podido jugar en el golpe electoral de la Comunidad de Madrid queda, por ahora, en el imaginario ciudadano, y a expensas de ulteriores acciones de la justicia. Pero defraudar la legalidad que sustenta un pilar básico de nuestro Estado de bienestar, la Seguridad Social, es lo que ha quedado no sólo probado, sino pretendidamente justificado por él y su partido. Este caso recuerda a aquel otro del famoso hampón, que por falta de pruebas de sus fechorías sólo pudo ser condenado por defraudar al fisco, pero acabó donde tenía que acabar.

Defraudar a la Seguridad Social es una conducta punible, máxime cuando el defraudador es un alto responsable político. Presentar la falsa coartada de que es una conducta normal es una grave irresponsabilidad política por cuanto supone un intento deformador de la conciencia social de los españoles. ¡Menudo ejemplo! ¿Es con estas conductas con las que el PP quiere consensuar un nuevo Pacto de Toledo y garantizar las pensiones del futuro?

Marta Rodríguez-Tarduchy Díez pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Seguridad Social y es concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.