Portugal no utilizó los fondos de la UE para prevenir los incendios

Portugal no utilizó enormes fondos europeos destinados a la prevención de incendios. Según la edición de ayer del diario Público, el dinero no salió de Bruselas debido, esencialmente, a la burocracia impuesta por el anterior Gobierno socialista. El actual Ejecutivo cambió las reglas de acceso a las ayudas comunitarias para hacer más sencillo el proceso, pero sólo lo hizo en mayo pasado, más de un año después de tomar posesión y demasiado tarde para prevenir la ola de incendios que asoló el país entre finales de julio y las primeras dos semanas de agosto. Las llamas calcinaron más de 400.000 hectáreas -el 5% del territorio- y provocaron la muerte de 18 personas.

Desde mayo hasta ahora, sólo cinco proyectos han sido aprobados en el ámbito del programa Agris, con un valor de 1,2 millones de euros, un porcentaje ínfimo del total de 1.000 millones de euros de ayudas disponibles. Este programa, creado en 2001 para Portugal dentro del III Marco Comunitario de Apoyo para el periodo de 2000-2006, cuenta con una sección específica para la prevención de riesgos provocados por enfermedades, plagas e incendios en los bosques. El Agris financia proyectos de limpieza de caminos forestales, la apertura de accesos dentro de los bosques, la construcción de puestos de vigilancia y la elaboración de planes de prevención y de mapas de riesgo de incendios. Durante la ola de fuegos, bomberos y oposición señalaron el abandono en que se encontraban los bosques como la principal razón que impidió el control de las llamas.

El problema burocrático que impidió la elaboración de proyectos fue la necesidad de certificar la propiedad de los terrenos. Los programas de prevención de incendios suelen afectar a grandes zonas forestales, que en Portugal están dominadas por pequeños propietarios (500.000, según la Federación de Bosques de Portugal). Los municipios que quisieron llevar a cabo programas de limpieza y organización de bosques no pudieron confirmar la titularidad de los espacios y sus proyectos no fueron aceptados por el Ministerio de Agricultura. Sólo en mayo pasado el Gobierno dejó de exigir la prueba de propiedad para proyectos considerados de interés público.